Alguna vez deberá retornar la normalidad al debate público y a las propuestas de políticas agropecuarias. Que sea moneda corriente discutir ideas, esforzarse por llegar a un consenso y ponerse en acción. Entre la herencia negativa que deja el kirchnerismo, figuran las medidas fruto de la imaginación de los funcionarios que se creían y creen iluminados por no someter sus propuestas a una mínima discusión con los protagonistas de la actividad. En el agro sobran los ejemplos de esta actitud nociva: los ROE, las compensaciones y los derechos de exportación, entre otros, son decisiones que, por sus resultados, demostraron su fracaso. También se quedaron en el camino por falta de determinación política iniciativas como la ley de semillas o los seguros agrícolas. En un contexto diferente, donde no todo sea blanco o negro, estas propuestas tendrían un tratamiento civilizado y, acaso, exitoso.
En el horizonte hay indicios de que el clima político puede ser diferente a partir del próximo cambio de gobierno. Uno de ellos es el proyecto de ley para la mejora de los suelos agropecuarios. La iniciativa, que propone la desgravación impositiva al uso de fertilizantes, fue presentada por legisladores de partidos diferentes, los diputados Luis Basterra (Frente para la Victoria) y Juan Casañas (Unión Cívica Radical), y fruto de un trabajo interdisciplinario de profesionales y especialistas de Aacrea, Aapresid, la Asociación Fertilizar, Ciafa (fertilizantes), Fadia (ingenieros agrónomos), la Fundación Vida Silvestre y asesores de los legisladores.
Según explicó Jorge Bassi, presidente de Fertilizar, en una jornada realizada esta semana, el proyecto propone incentivar el uso de fertilizantes mediante un beneficio impositivo con el objetivo de conservar y mejorar la fertilidad de los suelos.
La norma no sería de cumplimiento obligatorio, pero quienes ingresen en ese esquema tendrían un ahorro de 65% sobre la inversión en fertilizantes. Así, se podría "deducir como gasto adicional en la liquidación anual del impuesto a las Ganancias el 100% de los gastos en fertilizantes para uso agropecuario a partir del ejercicio fiscal en el que se comercialice la primera producción a la que fueron aplicados los fertilizantes", explica un documento de Fertilizar. El proyecto propone que para acceder a esos beneficios se deberá presentar un plan de siembra a tres años firmado por un profesional de ciencias agrarias, el manejo detallado de la siembra y fertilización de la campaña y el análisis de suelo del lote, georreferenciado. Esta información permitirá la construcción de una base pública de información sobre calidad de los suelos. Además, se constituiría una comisión mixta, público-privada, que hará un monitoreo de la ley por un lapso de diez años. También se prevé la participación de los dueños de la tierra en el plan de siembra.
Según una estimación preliminar del impacto económico que tendría la iniciativa, en campo alquilado (500 hectáreas promedio, en zona núcleo, cercana a los puertos) para esquemas de rotación, la rentabilidad mejoraría en un 53% mientras que para los que siembran sólo soja llegaría a 20%. En campo propio, el incremento sería de 20,7% para rotación y 4% para soja. "La producción de maíz y de trigo serían más atractivas", se entusiasma Bassi. Para el Estado, dicen en Fertilizar, el impacto sería nulo, ya que la merma de ingresos fiscales se compensaría con la mayor actividad económica que se generaría por el uso de fertilizantes. "Crecería la siembra de gramíneas: eso se traduce en más viajes de camión, maquinaria agrícola e insumos", sostiene el presidente de la entidad.
A los posibles cuestionamientos de quienes sostienen que el Estado no debería tener ninguna injerencia en la decisión de siembra de un productor, el presidente de Fertilizar responde que el cuidado de los suelos "es una demanda de la sociedad". Y aclara que, a diferencia de lo que sucede en Uruguay, donde la presentación de los planes de siembra son obligatorios este proyecto propone cuidar los suelos por la vía del incentivo. Otra de las claves es que propicia las Buenas Prácticas Agrícolas y las Mejores Prácticas de Manejo de Fertilizantes (MPM) para una utilización óptima de fertilizantes.
La norma fue aprobada en las comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Debería pasar al recinto y de allí al Senado. Si avanza, deberá reglamentarla después el Poder Ejecutivo. Con un clima distinto, tendrá otro impacto.
La Nación
