Las protestas, organizadas por entidades agropecuarias, fueron en rechazo a la resolución 125 impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, que establecía retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias.
La Cámara Federal de Rosario fue la encargada de revertir el procesamiento que había dictado el juez Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, quien había imputado a los dirigentes por "entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes de tierra".
El caso se originó en una manifestación realizada el 19 de marzo de 2008 en el kilómetro 150 de la Ruta 9, uno de los puntos más tensos del conflicto entre el kirchnerismo y la Mesa de Enlace.
En ese contexto, la entonces presidenta Cristina Kirchner calificó los cortes como "piquetes de la abundancia". Durante la protesta, ocho ruralistas de San Pedro fueron detenidos bajo la acusación de "incendio doloso e interrupción de la circulación en una ruta".
Tras años de disputas legales, la justicia determinó que la acción penal debía ser extinguida, al considerar que se había violado el derecho de los acusados a ser juzgados en un tiempo razonable.
Dirigentes Exonerados
Entre los dirigentes sobreseídos se encuentran Margarita Stolbizer, actual diputada nacional por Buenos Aires; el exintendente de San Pedro, Mario Leandro Barbieri (UCR); y la exconcejala Norma Mabel Atrip.
También fueron exonerados Raúl Placido Victores y René Horacio Ducret, de las Sociedades Rurales de San Pedro y Baradero, respectivamente.
En la lista de dirigentes rurales que quedaron libres de culpa se incluyen tres exmiembros de la Mesa de Enlace: Eduardo Buzzi, Mario Llambías y Luciano Miguens. Hugo Biolcatti, propietario de importantes establecimientos en Carlos Casares, también fue sobreseído, entre otros referentes del sector.
El Campo Celebra la Decisión: "Se Hizo Justicia"
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su satisfacción por el fallo, destacando que "después de 16 años, se ha hecho justicia" al liberar de toda responsabilidad a los dirigentes rurales.
En un comunicado emitido este jueves, CARBAP subrayó que durante todo este tiempo las defensas de los acusados cuestionaron la falta de pruebas concretas y argumentaron que sus acciones se enmarcaban en el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica.
La entidad rural celebró que finalmente se reconociera la falta de pruebas y el tiempo excesivo del proceso judicial, lo que llevó a la extinción de la acción penal.
"Esta medida pone punto final a un caso que nos afectó profundamente como institución, como productores y como ciudadanos", concluyó CARBAP, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los productores agropecuarios.
