El gobierno estaría tratando de maquillar su desacato frente a la sentencia de la Corte, apelando a un cumplimiento amañado. Como fuere, el daño está hecho y no será gratuito para el país.
La Argentina es un país que necesita reconstruir su perfil de inversiones, ciertamente debilitado por años de desmanejo económico. La idea de "vivir con lo nuestro" ha probado ser absolutamente ineficaz para motorizar el bienestar de la población, y como cualquier nación del planeta nuestro país necesita del aporte de capital para generar progreso y trabajo. Y no solo extranjero, son muchos los argentinos que podrían invertir en el país y no lo hacen.
En un caso y otro hay un punto fundamental que los retrae, los acobarda, les hace pensar tres veces el tema: las dudas respecto de la seguridad jurídica en la Argentina, ahora potenciadas por la declamada intención del gobierno de no cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de devolver recursos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Contar con seguridad jurídica implica que los actores económicos confían en que las normas vigentes serán estables en el tiempo, respetadas por todos, y de tal modo podrán hacer predicciones más o menos firmes de cómo los tribunales resolverán sus disputas en caso de conflicto. Fundamental para poner dinero en un negocio determinado.
El Estado tiene la obligación de crear y honrar un ámbito de seguridad jurídica. Es decir, darle al individuo la garantía de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o, en caso de que suceda, asegurarle la protección y reparación de ese daño.
De ahí que la actitud del Poder Ejecutivo es particularmente grave y puso en alerta a todo el arco empresarial, cualquiera sea el rubro al que se dediquen. En una Argentina políticamente inestable, las manifestaciones del Gobierno envían directamente al freezer nuevos planes de negocios e inversiones. Es comprensible, a partir de que no se respeta un fallo de la Corte, todas las demás opciones quedan abiertas. Es la sensación de que ya no hay garantías de ningún tipo, ni a dónde recurrir en caso de que los derechos individuales sean vulnerados.
Precisamente, la independencia de poderes pretende establecer un control cruzado entre los tres poderes de la Nación, un mecanismo que impide desbordes y experiencias totalitarias. Estos son los limites que el Poder Ejecutivo parece no comprender; la Corte no debe ser un organismo adicto al político de turno ni puede ser elegida popularmente como pretenden las autoridades de la alianza gobernante. De ahí que regímenes dictatoriales en América fueron primero por la Justicia y luego por la Constitución. Y se acabó la democracia.
Los sectores empresariales hablan de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables. Agregan que estamos ante un estado de confusión e incertidumbre de gravísimas consecuencias en lo económico y lo social, preocupación a la que adhieren los hombres de campo a través de sus organizaciones
Cercado por el rechazo de toda la sociedad, salvo el núcleo duro de la coalición de gobierno, el titular del Ejecutivo pretende pagar con bonos y a largo plazo, mientras continúa cuestionando a la Corte. No se da cuenta de que sigue desoyendo lo que se le solicitó formalmente, mientras le cuenta al país que se trata de una resolución viciada de nulidad. Aunque no lo ve, vuelve la situación al primer casillero y con cada paso que da sigue dañando la necesaria seguridad jurídica.
Urge someterse a la Constitución, piedra basal de cualquier orden republicano. Ahora, todos los ciudadanos nos sentimos desamparados frente al poder de turno. Y en ese contexto la Argentina es un país definitivamente inviable.
