En medio de fuertes medidas de presión, que incluyeron un poco disimulado lobby gremial ante el gobierno y numerosos cortes de rutas por parte de los productores, la comisión resolvió revisar la posible aplicación de salvaguardias por la ventaja artificial que el maíz argentino conseguiría a través de los impuestos diferenciados a las exportaciones que les facilita el Gobierno.
Los productores chilenos solicitaron a la CNDP la aplicación de un arancel de 25,7% de salvaguardia a la importación del maíz grano procedente, en su mayor parte, de la Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero la comisión decidió pedir más antecedentes e iniciar una investigación al respecto, lo que fue interpretado como una manera de dilatar la resolución del problema, que, según datos del gremio, afecta directamente a más de 17.000 pequeños y medianos productores, con pérdidas de hasta US$ 40 millones.
La molestia entre los productores de las zonas maiceras y trigueras del país -ubicadas en las regiones del Maule y el Bío Bío, a la altura del sur de Mendoza y Neuquén- fue unánime y transversal. "Es una verdadera provocación que pidan más antecedentes para arancelar el maíz argentino. ¡El gobierno se lava las manos! Acá deben existir otros intereses", dijo a LA NACION el diputado opositor Jorge Tarud.
