Se profundiza la guerra entre el gobierno y las cerealeras

Las trabas que impuso la AFIP –a través de la Aduana- en las operaciones portuarias están generando serias complicaciones logísticas a las firmas agroexportadoras. Los empresarios advierten que habrá mayores costos si las medidas se mantienen en época de cosecha. El rol de Capeco como contrapeso político de Ciara-Cec.

Si bien en los últimos días el conflicto entre el Gobierno nacional y las principales empresas agroexportadoras del país desapareció de la agenda mediática, lo cierto es que la guerra entre ambos sectores aún sigue vigente y va sumando nuevos capítulos.

Esto porque en el último mes y medio la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a instrumentar una serie de acciones que empezaron ahora a entorpecer de manera significativa el funcionamiento del negocio de los grandes exportadores.

La primera polémica medida por parte del organismo que conduce Ricardo Echegaray fue la introducción de contraverificaciones de cargas (“draft surrey”) que comenzó a generar sobrecostos por demoras excesivas en buena parte de los embarques.

En este sentido, fuentes del sector exportador señalaron a La Política Online que durante la segunda quincena de octubre, un 54 por ciento de los buques que estaban listos para embarcar productos agroindustriales sufrieron demoras por “diversas causas”.

La demora promedio de los buques en ese período fue de 17 horas, lo que produjo una acumulación total de 1.324 horas de atrasos que implicó casi dos millones de toneladas de productos que se podrían haber embarcado y no pudieron hacerlo.

La otra medida que está generando problemas logísticos es la aplicación de controles de estupefacientes sin plazo. “De mantenerse estas medidas en época de cosecha, se van a aumentar significativamente los costos”, advirtió a este medio un empresario del sector.

La fuente consultada alertó además que “el atraso que se está provocando en los embarques provocará incertidumbre en los bancos del exterior que pre-financian (por un monto cercano a los u$s 7000 millones) a los exportadores argentinos”.

En tanto, otra de las herramientas dispuestas por la AFIP para complicar la operatoria de las empresas son las habilitaciones temporarias de las terminales portuarias (que afecta particularmente y sólo por el momento a un puñado de firmas).

“De cuatro puertos que tenían autorización provisoria para operar, tres recibieron autorizaciones por 30 días y sólo luego de la presentación de medidas cautelares; el decreto que dé una autorización definitiva brilla por su ausencia”, fustigó el empresario.

El caso más grave corresponde, según indica valorsoja.com, a la terminal que LDC Argentina (Dreyfus) tiene en el puerto de Bahía Blanca, cuya licencia venció el 9 de octubre y aún no fue renovada por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras.

Otra de las empresas con problemas es Cargill. Dicha firma, en abril de este año había logrado obtener una habilitación provisoria de seis meses para operar la terminal portuaria que la compañía tiene en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez.

Pero el 18 de octubre la Subdirección de Operaciones Aduaneras del Interior –organismo dependiente de la AFIP– extendió por apenas 30 días corridos esa habilitación provisoria. Y esta semana volvió a extenderla también por 30 días.

Un caso similar está atravesando la compañía Noble Argentina, que en abril de este año obtuvo una habilitación provisoria de seis meses para operar el muelle flotante que tiene en la zona santafesina de Timbués. Luego del vencimiento de los seis meses, la firma logró obtener la extensión de la habilitación provisoria por 30 días en dos oportunidades (la última esta semana).

“Toda esta situación lo único que genera es que las empresas tengan que suspender o reducir el recibo de granos en sus instalaciones, ya que sus depósitos se encuentran ocupados con mercadería que no se puede cargar”, se quejó otro exportador.

El rol de Capeco

La Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) es un organismo creado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para establecer un contrapeso político de las grandes compañías exportadoras de commodities agrícolas que integran Ciara-CEC.

A fines de junio pasado Agricultores Federados Argentinos (AFA) decidió adherirse a esta polémica Cámara Exportadora. La medida fue interpretada en el sector como un claro posicionamiento por parte de AFA y un golpe al presidente de Federación Agraria (FAA) Eduardo Buzzi. Una de las representantes de AFA en Capeco es Silvia Fabro, quien se encarga de mantener aceitados vínculos con los dirigentes kirchneristas.

Pero el hombre que digita todas las acciones en Capeco es el dirigente rural de Morteros, Ider Peretti, un kirchnerista de la primera hora, investigado en su momento por irregularidades en las exportaciones de vaquillonas a Venezuela en 2006/2007.

Para tener una idea del creciente poder de Capeco y de la importancia de pertenecer a esa Cámara, en la última apertura del cupo de maíz 2012/13, unas 4 de las 15 millones de toneladas del cupo exportación fueron distribuidos entre sus integrantes.

Hoy, y a pesar de su nula historia, Capeco tiene más de 140 socios que abonan una cuota anual de $ 15.000, muchos de los cuales (sin contar a AFA) son pequeñas firmas que exportan volúmenes prácticamente insignificantes en el negocio exportador.

Su última y flamante “adquisición” fue nada menos que Monsanto, una de las principales firmas de biotecnología, semillas y agroquímicos del mundo, que necesita exportar cada vez más para compensar sus importaciones.

En la propia Cámara Exportadora kirchnerista se ilusionan con que de manera progresiva vayan sumándose nuevas empresas exportadoras hasta crear un verdadero polo concentrador de manera tal de poder mantener un control más directo del negocio.