En el VI Foro Internacional de CropLife Latin América, realizado recientemente en la Ciudad de México, quedó de manifiesto que el desempeño de la industria de producción de cultivos será central de cara a un mundo que necesitará más alimentos. En tanto, que la actividad exprese todo su potencial dependerá de la sinergia entre políticas públicas y el uso de las diferentes tecnologías.
Por eso, entendemos que al aporte de las compañías del sector y al esfuerzo y la sapiencia del productor, se debe sumar la eficacia de los tres poderes del Estado en la generación de normativas y el control de su cumplimiento.
La Argentina carece de una Ley nacional que regule y ordene la aplicación y el manejo de productos fitosanitarios. La actividad se rige con un Decreto de 1958 y el Senasa se ocupa de la aprobación de registros y la fiscalización de las aplicaciones, así como del control de la deposición de los envases. Sin embargo, pese al esfuerzo de las autoridades, la falta de una Ley para todo el país deja desamparados a los gobiernos provinciales y locales, que generan sus propias normativas, muchas veces como emergentes de situaciones puntuales de cada distrito.
De este modo, por ejemplo, los criterios en el establecimiento de las distancias para la aplicación de fitosanitarios varían de una ordenanza a otra, muchas veces con fundamentos imprecisos.
Ante ese escenario, desde CASAFE llevamos adelante junto al INTA pruebas a campo para determinar con base científica las distancias de aplicación que deberían proponerse en la Argentina. Además, colaboramos con gobiernos y legislaturas locales en la discusión de las distintas normativas aportando nuestro conocimiento en la materia.
A su vez, somos parte de la Mesa Interinstitucional que trabaja en el marco del Ministerio de Agricultura de la Nación, junto al INTA, el Senasa, la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe, universidades, entidades técnicas de productores, y otras cámaras empresarias. El objetivo es generar un marco de referencia para el uso de fitosanitarios.
El cuanto a la labor legislativa nacional, hay dos proyectos esperando ser tratados por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados: el del legislador del Frente para la Victoria por San Juan, José Rubén Uñac, y el del representante del radicalismo de La Rioja, Julio César Martínez. Se trata de dos iniciativas similares que responden a las necesidades de una producción agropecuaria moderna, por lo que sería importante que los tiempos electorales de 2013 no demoren su discusión.
En este punto, es importante reafirmar que la Ley de Fitosanitarios que el país necesita va más allá de determinar las distancias de aplicación. El reciclado de envases vacíos, las auditorias a los depósitos, el registro de los aplicadores y la asignación de recursos para que el Estado mejore la fiscalización, son otros puntos fundamentales para una producción sustentable y responsable con el ambiente.
Por eso, cuando hablamos de “agricultura sustentable para un mundo en crecimiento”, pensamos que el camino debe comenzar en la creación de reglas claras y perdurables, base insoslayable para el desarrollo de la producción de alimentos, en beneficio del país y del mundo.
