La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó al gobierno nacional la "liberación" de las cargas inmovilizadas en el puerto de Rosario a raíz del conflicto laboral desatado por los despidos dispuestos por la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR). Según la central fabril, hay más de mil contenedores estacionados en la terminal desde hace un mes, lo cual "afecta el desarrollo de la actividad productiva".
En un comunicado, la conducción de la unión industrial explicó que realizó gestiones "ante las autoridades correspondientes". Al Ministerio de Trabajo le reclamaron que declare "la esencialidad" de la actividad portuaria para "no continuar afectando las cadenas de valor y restablecer el abastecimiento de bienes a lo largo del país".
"El conflicto gremial que se desarrolla en el puerto de Rosario paralizó la carga y descarga de contenedores que se encuentran varados a la intemperie, afectando a las industrias que necesitan de los insumos de uso difundido, productos perecederos e incluso críticos allí contenidos, especialmente de los sectores alimenticio y farmacéutico", señaló la entidad que conduce el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja.
Agrega que la parálisis de la terminal, que es una de las vías principales del circuito logístico hacia el exterior, perturba seriamente la operatoria de comercio exterior, genera "el doble perjuicio de impedir el abastecimiento local y el ingreso de divisas al país".
"Empresas argentinas, particularmente cerealeras, alimenticias, automotrices y exportadoras de electrodomésticos, tienen compromisos de ventas y plazos acordados con clientes del exterior a los que no pueden responder, generando paradas de producción, riesgos de pérdidas de mercados de exportación e incluso sanciones por el incumplimiento de los compromisos asumidos", advirtió la central fabril.
La UIA manifestó la necesidad de "liberar cuanto antes la carga inmovilizada" y, aunque pretende neutralidad en el conflicto laboral, solicitó que el Ministerio de Trabajo limite el derecho de huelga al "declarar la esencialidad" de dicha actividad para "no continuar afectando las cadenas de valor".
El conflicto en la terminal multipropósito del puerto de Rosario se inició cuando, en medio de una conciliación obligatoria que había dictado la cartera de Trabajo para encauzar una negociación salarial, la concesionaria TPR despidió a 25 operarios, recortó el pago de salarios y exigió un aumento de la jornada laboral.
La ofensiva desató la respuesta de los trabajadores nucleados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), que lanzó un paro en reclamo de la reincorporación de los estibadores y en contra de los intentos de flexibilización laboral. En diciembre, la medida de fuerza se extendió por unos días a los puertos de la región.
Durante el conflicto, el Supa pidió también al Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) que se le retire la concesión a Terminal Puerto Rosario, integrada por la chilena Ultramar y la local Vicentin. Para el secretario general del gremio, César Aybar, la empresa "plantó un conflicto" al gobierno provincial para presionarlo por una extensión del contrato y la renegociación de los compromisos de inversión. De hecho, el ente regulador reclamó a la firma que se ponga al día con inversiones y hasta le quitó la silla en el directorio.
Luego de largas negociaciones, TPR aceptó durante las audiencias en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, retomar a 20 de los 25 trabajadores de los despedidos. En el último encuentro se pasó a cuarto intermedio para este jueves.
