Tal como ocurrió con la “Ley de Blanqueo” -a la cual Capital Federal y Córdoba no adhirieron- gobiernos provinciales enfrentados al kirchnerismo volvieron a rechazar una medida dispuesta días atrás por la Casa Rosada.
Esta vez se trata del “Sistema Federal Integrado de Registros de Aplicadores de Productos Fitosanitarios”, que creó y publicó en el Boletín Oficial el Senasa, para unificar los datos existentes en las provincias agropecuarias.
Al parecer, según pudo saber La Política Online con fuentes oficiales, la medida generó un alto grado de rechazo por parte de los gobiernos de Córdoba y Santa Fe dado que ya cuentan con un sistema más avanzado del que propone la Nación.
Desde el entorno de los ministros Néstor Scalerandi y Carlos Fascendini explicaron que ambas provincias ya cuentan con legislaciones que determinan todas las medidas necesarias para regular la actividad de los aplicadores de agroquímicos.
“No creemos que sea necesario unificar y nacionalizar un sistema que funciona de manera correcta en nuestras provincias”, coinciden los técnicos de los Ministerios de Agricultura de Córdoba y Santa Fe.
Como sea, lo cierto es que la resolución 299/13 dispone que en noviembre de 2013 deberá comenzar a operar una base única de datos que, si bien será gestionada por el Senasa, deberá ser actualizada por las autoridades provinciales.
La norma determina que las provincias “deberán desarrollar acciones conjuntas de capacitación destinadas a los aplicadores, a los usuarios y a la población en general, tendientes a generar usos responsables de productos fitosanitarios”.
Según publica el sitio valorsoja.com, la provincia más avanzada en la materia es Córdoba, la cual dispone de un registro online actualizado de asesores fitosanitarios, distribuidores y acopiadores de agroquímicos y aplicadores aéreos y terrestres.
La legislación vigente en Córdoba (Ley 9164) determina que todas las aplicaciones de agroquímicos deben contar obligatoriamente con la emisión de una “receta fitosanitaria” expedida por un ingeniero agrónomo (“asesor fitosanitario”).
Polémica en Buenos Aires
La situación en Buenos Aires (la principal provincia agrícola del país) es bastante más compleja que los casos anteriores dado que rigen distintas ordenanzas municipales que regulan el uso de agroquímicos.
En este sentido, días atrás el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, indicó que este año Daniel Scioli prohibirá por decreto las aplicaciones aéreas de agroquímicos y establecerá un área de restricción en un radio de 2000 metros lindantes a zonas urbanas.
“Es un decreto de avanzada y contempla muchísimo el cuidado ambiental y los intereses de la producción agroecológica; la decisión política del gobernador es avanzar en este sentido”, señaló Arrieta.
En caso de que Scioli emita finalmente el decreto en territorio bonaerense, todos los municipios de la provincia deberán readecuar sus actuales ordenanzas (las cuales varías, sobre todo, en los radios de distancia de aplicación de agroquímicos).
El tema es que si se establece un área de restricción absoluta de 2000 metros en Buenos Aires, tal como lo adelantó el propio Arrieta, se obligaría a los productores a redefinir en cierto modo el perfil del negocio agrícola en la provincia.
“Un pueblo de 100 manzanas habitado por 16.000 personas que establece un área de restricción de 2000 metros generaría un área improductiva de 2400 hectáreas con un lucro cesante de 695.000 dólares”, explica el artículo publicado en valorsoja.com.
