Dicho proyecto causa intranquilidad por los efectos negativos que ocasionará en la producción, la inversión y el empleo de la economía chaqueña. La iniciativa incrementará la presión fiscal sobre el sector agropecuario a partir de un aumento sobre la imposición a la tierra, que afectará en las decisiones de inversión y producción.
El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (CHAFOR), Darío Laurita sostiene que “la presión tributaria es asfixiante, los costos suben cada vez más, y la proyección de los efectos de la sequía persisten con pérdidas en agricultura y ganadería”. Y agrega: “Hay que tener en cuenta que un proyecto de esta naturaleza no sólo aumenta la presión fiscal sino también incrementa la burocracia estatal con el consiguiente y consabido riesgo que ello implica”.
Esta propuesta surge a partir de la necesidad de una mayor recaudación producto de una política fiscal irresponsable enmarcada en el plan del Gobierno Nacional para presionar a las provincias y lograr un aumento de los tributos con la aplicación de mayores impuestos al sector rural.
Una medida de este calibre golpeará a los más de 20.000 productores de Chaco que padecen las consecuencias de una terrible sequía en la última campaña (60% de pérdidas en la producción de soja, entre otras producciones). Además, deben lidiar con los altos precios en los fletes que se llevan más del 50% del valor de la producción, con la evidente falta de infraestructura que se refleja en un aumento general de costos y con el elevado riesgo climático.
En línea con la voracidad fiscal imperante este año solo en concepto de retenciones se recaudarán 15 mil millones de dólares. Con este proyecto existe el riesgo de que este experimento fiscal provincial sobre el sector agropecuario sea implementado en todo el país para generar una caja recaudatoria adicional para el Gobierno Nacional.
