Con costos en suba por la inflación y los nuevos acuerdos salariales para el sector público, muchos gobernadores sufren desde hace meses un achicamiento de las remesas de dinero desde la Nación. Por eso, casi todos los distritos recurrieron a una receta tradicional: el aumento del impuesto inmobiliario rural y otros tributos de alcance provincial que, como Ingresos Brutos, impactan en las actividades productivas.
El gobernador bonaerense Daniel Scioli, a mitad de año, fue uno de los primeros en retocar la estructura de ingresos de su provincia. Envió un paquete fiscal a la Legislatura, que fue muy resistido por el campo porque implicaba un revalúo importante de las explotaciones agropecuarias. La mecánica de recurrir rápidamente a una suba del Impuesto Inmobiliario Rural se repitió luego en el Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, las otras grandes provincias agrícolas, y se está generalizando en todo el país. Incluso en zonas más desfavorecidas para la actividad agrícola, como Formosa, se han aplicado alzas a ese gravamen que llegarían al 600%.
Muy cerca de allí, en el Chaco, el gobernador Jorge Capitanich debió salir a calmar a los dirigentes rurales, que se alarmaron con la noticia de que una nueva reforma tributaria podía llegar a resucitar incluso un impuesto a la "renta potencial" de la tierra.
"El campo sufre una presión impositiva récord ya que -además de los impuestos a las ganancias, bienes personales, al cheque, Ingresos Brutos, Inmobiliario y las tasas comunales-, enfrenta un impuesto a las ventas (retenciones a la soja) del 35%, del que el resto de la economía está exento. Como consecuencia, la presión impositiva es un 50% más alta" se quejó días atrás la Sociedad Rural Argentina.
