La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias -CEEA-está en crisis desde su formación, porque fue concebido para expedirse por la unanimidad de las cuatro entidades que la llevo al fracaso por no haber podido proponer política de estado por mayoría. Cualquier grupo humano que tiene que proponer sus políticas por la decisión unánime de sus miembros, termina anulada más rápido que pronto por ellos mismo, antes la falta de propuestas concretas como ocurrió después de 7 años de trabajo con la CEEA.
La Comisión de Enlace duro un tiempo más unidas como consecuencia del enfrentamiento con el gobierno y las políticas discriminatorios contra el sector y el interior del país que lleva más de 10 años, con un costo para el país muy difícil de cuantificar pero me atrevo a decir que podríamos estar produciendo 130 millones de TT de granos y haber duplicado el valor de nuestras exportaciones.
EL 9 de febrero se reunió por primera vez la Comisión de Enlace en el año 2015. El debate principal fue sobre la reunión y los acuerdos del Gobierno y la Federación Agraria Argentina –FAA- y la principal conclusión fue que todos mantenían su posición y de ahora en adelante cada una de las entidades podrá ir en forma independiente a reuniones con el gobierno con sus proyectos propios. Esta decisión es todo un retroceso para un trabajo en conjunto de las entidades para lograr las políticas de estado que necesitamos.
Con el ingreso de Omar Príncipe como presidente de FAA en reemplazo de Eduardo Buzzi, quedo consolidada la propuesta de FAA de la segmentación de los derechos de exportación, ahora la segmentación de los ROE para poder exportar que surgen del acuerdo con el gobierno y los créditos del Banco Nación para los productores chicos solamente. Con esta posición están aceptando las políticas de discriminación que vienen castigando a todo el sector. Como pueden proponer que a un producto mediano o grande se le siga confiscando de la producción bruta un 35% por derecho de exportación como ocurre con la soja. Todas estas políticas son avance sobre la propiedad privada, como ocurre cuando se discute la ley de arredramiento y la propiedad de la tierra temas que dividen a los productores y dirigentes de las otras entidades.
La mayoría de los productores de CRA, SRA y Coninagro quieren la eliminación total de todas las retenciones, terminar con los permisos de exportación –ROE- para todas las producciones, una política cambiaria igual para todos los sectores y la fijación del precio de su producción por el funcionamiento libre de los mercados, especialmente el de los mercados a futuros para poder captar los mejores precios cuando deciden sembrar. Por esta gran diferencia filosófica está en crisis la CEEA.
Mi propuesta es imaginar un sistema más ágil y efectivo que defienda real y efectivamente los intereses del sector. Llevar a la práctica un sistema como el que viene desarrollando Brasil desde 1964 cuando planifico el rol de la producción agropecuaria y agroindustria y creó por ley la Confederación Nacional de Entidades Agropecuarias (CNA). El objetivo, que se cumplió, era trabajar en una acción institucionalizada pública-privada permanente en las defensas de las propuestas, sanción de las mismas y control de la gestión de las políticas públicas.
Hoy en día, sus dirigentes tienen un gran protagonismo en el trabajo parlamentario y en la ejecución y seguimientos de la políticas públicas, a nivel nacional e internacional, mostrando a los productores muchos más unidos que al principio del sistema, con resultados concretos después de 50 años. Entre lo último para mostrar esta la designación de la expresidente de la CNA y Senadora Nacional Katia Abreu como Ministra de Agricultura en el nuevo gabinete de Dilma Rousseff para darle un gran empuje al agro negocio en Brasil desde el principal puesto del poder político del sector en Brasil.
La propuesta es crear una entidad similar a la CNA de Brasil. Esta nueva entidad debe estar integrada por todas las entidades nacionales formada por productores (la Comisión de Enlace, más AACREA y AAPRESID) en una Fundación o Centro de Estudios Estratégicos. Esta entidad recibiría el aporte de los productores, por un sistema de recaudación obligatoria establecido por ley, como mínimo de un 1%. Pero es fundamental la inclusión de las seis entidades: no se puede pretender recaudar a todos los productores, si muchos de ellos no se sienten representados.
La Fundación o Centro de Estudios Estratégicos, por medio de un Consejo Directivo, sería la responsable de distribuir los fondos según sean los objetivos y los porcentajes fijados previamente por el estatuto de formación. Entre los cinco objetivos principales debemos mencionar los siguientes:
1- Proponer, elaborar, concretar y hacer un seguimiento de todas las políticas de estado que tienen directa influencia para la producción, transformación y exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial.
2- Ejecutar en forma permanente el trabajo de lobby profesionalizado interno y externo, a nivel público y privado, a fin de mejorar la competitividad del sector.
3- Proponer y trabajar en todas las modificaciones necesarias para mejorar la educación, la investigación y formación laboral, inclusive en diseño de carreras corta y de oficios.
4- Diagramar y ejecutar en forma permanente la comunicación y marketing que sea necesario para ir cambiando la imagen pública del sector, tanto agropecuario como agroindustrial.
5- Distribuir equitativamente el aporte dispuesto por ley para la acción gremial en las entidades nacionales y en los trabajos específicos de apoyo a cada uno de sus asociados.
Este sistema permitirá concretar propuestas por mayoría, terminando con los descreídos, que creen que es imposible trabajar unidos sin perder la propia identidad.
La actual dirigencia tiene la responsabilidad y obligación de proponer los cambios de forma y de fondo a los partidos políticos, para que nunca más se vuelva a repetir la actual confiscación al sector y al interior.
