La Fiscalía General N°2 de Córdoba pidió penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para tres integrantes de una presunta asociación ilícita, por ocultar al fisco la capacidad contributiva de productores agropecuarios y evadir así el pago de tributos nacionales como Ganancias o IVA.
El grupo, además, tornó imposible el cobro de esos gravámenes en virtud de la insolvencia de sus prestanombres, y generó "crédito fiscal espurio con usinas de facturación apócrifa", según la fiscalía.
Del mismo modo, los acusados "intentaron obtener beneficios fiscales fraudulentos derivados de la inscripción de sus testaferros en el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres Secas".
De acuerdo con la acusación del fiscal Carlos Gonella, el grupo buscó "dotar de aparente legalidad y documentar falsamente el circuito de compraventa y traslado de granos", desde su origen en el campo hasta su destino final, ya fuera en la industria local o a través de exportación, como también para el "blanqueo de cereales adquiridos en negro".
Para el Ministerio Público Fiscal, Jorge Wolfel, Víctor Iglesias y Sergio Tovagliari cometieron "una pluralidad indeterminada de delitos de naturaleza tributaria, en un lapso de tiempo prolongado, cumpliendo diferentes roles y realizando diferentes aportes".
En el caso de Iglesias el pedido de pena fue de cuatro años y seis meses de prisión, para "su nivel de instrucción como contador público nacional, su experiencia en el rubro, la extensión del daño y la pluriofensividad de la maniobra al falsificar firmas y sellos de escribanos, junto con el impacto económico que resultó de ella".
Respecto de Tovagliari, se reclamaron tres años y diez meses de prisión, y para Wolfel, tres años y seis meses.
Durante el juicio se corroboró la existencia de distintas empresas vinculadas con la comercialización de cereales que fueron utilizadas por la organización, para la creación de crédito fiscal ficticio y su posterior venta.
Ese fue el caso de Stella Marys Cereales y Aradores Cereales, manejadas por Tovagliari e Iglesias, junto con otras cuatro firmas, que entre mayo de 2008 y marzo de 2011, ocultaron ventas de granos por $508,4 millones (unos US$ 130 millones).
También, a través de otras tres carpetas, se intentó generar crédito fiscal espurio a los fines de obtener saldos de libre disponibilidad para su posterior venta a terceros, por un valor cercano a los $ 4 millones.
