Los senadores del Frente de Todos no tratarán por ahora el proyecto de ley que levanta el secreto bancario para detectar las cuentas en el exterior sin declarar, por temor a una reacción adversa del sistema financiero que pudiera derivar en una corrida cambiaria.
Fue un pedido de los directivos del Banco Central que conduce Miguel Pesce a referentes del bloque oficialista, que lo aceptaron y congelaron el debate hasta nuevo aviso.
El proyecto fue presentado por el jefe del interbloque José Mayans y otros cuatro senadores del kirchnerismo: Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Martín Doñate.
Lo enviaron junto al que crea un fondo con dinero repatriado de cuentas del exterior que no están declaradas para destinarlo a pagar la deuda con el FMI, que tuvo dictamen el pasado miércoles y el Frente de Todos lo llevaría al recinto en 10 días.
En el debate en comisión agregaron sanciones a los Bancos que no aporten información, que llevan hasta su caducidad para funcionar en el país. Tal vez esta incorporación intentó cubrir algunas de las atribuciones que esperaban darle a los tres poderes del Estado con el levantamiento del secreto bancario y no serán posibles.
Según los técnicos del Central que intercambiaron conceptos con los senadores, una ley así podría convulsionar el sistema financiero, en un momento en el que no hay reservas disponibles para responder a una presión fuerte contra el tipo de cambio. Pidieron hacer un estudio minucioso y los senadores cedieron.
No es un temor infundado: desde que el Gobierno anunció el acuerdo con el FMI la cotización del dólar cayó en el mercado paralelo (recién subió la última semana) y matizó las micro devaluaciones implementadas por el Central. Una ley mal interpretada por los actores del sistema financiero podría estirar aún más esa brecha.
La ley que levanta el secreto bancario fue enviada por senadores del kirchnerismo, pero Pesce cree que puede generar una reacción adversa del sistema financiero. Consistía en habilitar a los tres poderes del Estados a conocer las transacciones para conocer el destino del dinero no declarado.
El proyecto en cuestión tenía como objetivo conocer las transacciones entre los Bancos para detectar el destino de los dólares comprados en el mercado de cambios de Argentina que se fugaron del sistema, se depositaron en entidades financieras del exterior y nunca se declararon en la AFIP.
Según informes del Banco Mundial a los que accedieron los senadores hay entre 350 y 400 mil millones de dólares en esa situación, un monto que representa 10 veces las reservas totales del Banco Central, lo que convierte a Argentina en el tercer país con más dinero no declarado del mundo, un perjuicio para al fisco.
Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio.
"La plata que se fugó en Argentina lo hizo a través de los Bancos", le dijo Parrilli a Lousteau en una reunión de comisión. En diálogo los senadores del Frente de Todos no tratarán por ahora el proyecto de ley que levanta el secreto bancario para detectar las cuentas en el exterior sin declarar, por temor a una reacción adversa del sistema financiero que pudiera derivar en una corrida cambiaria.
Fue un pedido de los directivos del Banco Central que conduce Miguel Pesce a referentes del bloque oficialista, que lo aceptaron y congelaron el debate hasta nuevo aviso.
El proyecto fue presentado por el jefe del interbloque José Mayans y otros cuatro senadores del kirchnerismo: Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Martín Doñate.
Lo enviaron junto al que crea un fondo con dinero repatriado de cuentas del exterior que no están declaradas para destinarlo a pagar la deuda con el FMI, que tuvo dictamen el pasado miércoles y el Frente de Todos lo llevaría al recinto en 10 días.
En el debate en comisión agregaron sanciones a los Bancos que no aporten información, que llevan hasta su caducidad para funcionar en el país. Tal vez esta incorporación intentó cubrir algunas de las atribuciones que esperaban darle a los tres poderes del Estado con el levantamiento del secreto bancario y no serán posibles.
Según los técnicos del Central que intercambiaron conceptos con los senadores, una ley así podría convulsionar el sistema financiero, en un momento en el que no hay reservas disponibles para responder a una presión fuerte contra el tipo de cambio. Pidieron hacer un estudio minucioso y los senadores cedieron.
No es un temor infundado: desde que el Gobierno anunció el acuerdo con el FMI la cotización del dólar cayó en el mercado paralelo (recién subió la última semana) y matizó las micro devaluaciones implementadas por el Central. Una ley mal interpretada por los actores del sistema financiero podría estirar aún más esa brecha.
La ley que levanta el secreto bancario fue enviada por senadores del kirchnerismo, pero Pesce cree que puede generar una reacción adversa del sistema financiero. Consistía en habilitar a los tres poderes del Estados a conocer las transacciones para conocer el destino del dinero no declarado.
El proyecto en cuestión tenía como objetivo conocer las transacciones entre los Bancos para detectar el destino de los dólares comprados en el mercado de cambios de Argentina que se fugaron del sistema, se depositaron en entidades financieras del exterior y nunca se declararon en la AFIP.
Según informes del Banco Mundial a los que accedieron los senadores hay entre 350 y 400 mil millones de dólares en esa situación, un monto que representa 10 veces las reservas totales del Banco Central, lo que convierte a Argentina en el tercer país con más dinero no declarado del mundo, un perjuicio para al fisco.
"La plata que se fugó en Argentina lo hizo a través de los Bancos", le dijo Parrilli a Lousteau en una reunión de comisión. En diálogo con LPO , admitió que hay un "entramado legal" para que el dinero salga del país y no se declare nunca.
Para evitarlo, el proyecto que no se tratará en los próximos días exceptúa de la obligación de no revelar operaciones financieras a "el jefe de Gabinete, los jueces y fiscales, el Banco Central, la AFIP y organismos similares en las provincias, la bicameral de deuda y el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS)".
También a "todos los entes u organismos oficiales que tengan injerencia en la autorización y determinación de precios regulados" y hasta los Bancos para "casos especiales", previa autorización del Central. Se establece que los informes requeridos deberán llegar en 20 días, con sanciones en caso de incumplimiento. La ley se completa con modificaciones a la regulación de mercado de capitales.
Además, se propone constituir un cuerpo de peritos en la bicameral de seguimiento y control de la deuda externa, que hasta el año pasado presidió Mayans, para de esta manera determinar el destino de la formación de activos externos realizada con dólares que ingresaron al país vía endeudamiento, lo que se conoce como "fuga de capitales".
Fuentes legislativas señalaron a LPO que ya saben cómo hallar la ruta de ese dinero si se levantara el secreto bancario: pedir un reporte del Banco Central con la información recolectada en todas las entidades y procesarla en un software que ya eligieron. Por ahora, no será posible.
En los fundamentos, los senadores plantean que hay medidas similares en Estados Unidos y Europa para detectar la salida de divisas sin declarar. Y consideran que en Argentina hay una regulación excesiva.
"Carece totalmente de sentido que la información contenida en las declaraciones juradas de las sociedades y otros entes de cualquier naturaleza se encuentre amparada por el secreto fiscal, bursátil o financiero", señalan.
Aclaran que eso no implica hacerla pública, pero al momento de traducirla en denuncias judiciales quedaría a la vista. Nada de esto pasará por ahora. La ley no se tratará. LPO , admitió que hay un "entramado legal" para que el dinero salga del país y no se declare nunca.
Para evitarlo, el proyecto que no se tratará en los próximos días exceptúa de la obligación de no revelar operaciones financieras a "el jefe de Gabinete, los jueces y fiscales, el Banco Central, la AFIP y organismos similares en las provincias, la bicameral de deuda y el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS)".
También a "todos los entes u organismos oficiales que tengan injerencia en la autorización y determinación de precios regulados" y hasta los Bancos para "casos especiales", previa autorización del Central. Se establece que los informes requeridos deberán llegar en 20 días, con sanciones en caso de incumplimiento. La ley se completa con modificaciones a la regulación de mercado de capitales.
Además, se propone constituir un cuerpo de peritos en la bicameral de seguimiento y control de la deuda externa, que hasta el año pasado presidió Mayans, para de esta manera determinar el destino de la formación de activos externos realizada con dólares que ingresaron al país vía endeudamiento, lo que se conoce como "fuga de capitales".
Fuentes legislativas señalaron a LPO que ya saben cómo hallar la ruta de ese dinero si se levantara el secreto bancario: pedir un reporte del Banco Central con la información recolectada en todas las entidades y procesarla en un software que ya eligieron. Por ahora, no será posible.
En los fundamentos, los senadores plantean que hay medidas similares en Estados Unidos y Europa para detectar la salida de divisas sin declarar. Y consideran que en Argentina hay una regulación excesiva.
"Carece totalmente de sentido que la información contenida en las declaraciones juradas de las sociedades y otros entes de cualquier naturaleza se encuentre amparada por el secreto fiscal, bursátil o financiero", señalan.
Aclaran que eso no implica hacerla pública, pero al momento de traducirla en denuncias judiciales quedaría a la vista. Nada de esto pasará por ahora. La ley no se tratará.
