Esto se debe a dos factores. El primero es la situación de estancamiento del sector y de la economía en su conjunto. El segundo es que gran parte del sector previó que las políticas económicas implementadas terminarían provocando ese estancamiento. Avisó y no fue escuchado. Cuando se alerta a una autoridad respecto a un peligro durante largo tiempo y aquella no reacciona, el que alerta se desalienta cuando ese peligro se concreta. Eso fue exactamente lo que sucedió con la política agroindustrial en el país.
La pregunta que surge naturalmente es por qué el consenso de políticas en el sector no se tradujo en políticas efectivas. ¿Por qué el Gobierno ignoró los reclamos? Veamos. Existen dos determinantes fundamentales de los resultados económicos de un país: la situación mundial y las políticas económicas internas. La primera fue, por supuesto, muy positiva para el sector y para el país en la última década y todo indica que lo seguirá siendo en la próxima. Sin embargo, las segundas jugaron en contra. Ahora, ¿cómo se determinan esas políticas? Existen dos tipos de actores muy diferentes. Unos están atomizados y son mediados por instituciones. Son los productores agropecuarios y los empresarios agroindustriales, los trabajadores, los investigadores relacionados a ciencias de la vida, etc. El otro tipo de protagonista comprende a los grandes actores económicos y el poder político concentrado, incluyendo al Ejecutivo nacional. En la Argentina, las políticas públicas son determinadas más por el segundo grupo que por el primero. Y la tendencia fue en dirección de que cada vez más se basen en los intereses políticos y económicos concentrados y menos en los consensos transmitidos por las instituciones. Por su parte, el deterioro de éstas es notorio. La baja profesionalización del Congreso, la dependencia de la Justicia del poder político y económico y la desprofesionalización del servicio civil (basta ver lo que sucedió con el Senasa, el INTA y el Ministerio de Agricultura, réplicas en mayor o menor medida del Indec) se encuentran en la raíz de la imposibilidad de transformar consensos en políticas efectivas. ¿Pero realmente es así?
Los economistas Mariano Tommasi y Ernesto Stein han estudiado profusamente el tema. Han definido que es una "buena" política mediante una serie de cualidades: estabilidad, coordinación y coherencia, implementación y aplicación efectiva, orientación al interés público y eficiencia. Muestran que la Argentina es cola de ratón: tiene peor calidad de políticas que gran parte de los países de América latina y ésta, a su vez, tiene peor calidad de políticas que países del este asiático y que países desarrollados. También han definido de qué se trata la calidad institucional: capacidades del Congreso, independencia judicial, nacionalización de los partidos políticos, partidos programáticos y desarrollo de la administración pública. Han mostrado que calidad institucional y "buenas" políticas se mueven en forma conjunta. Sus conclusiones son terminantes: la baja calidad institucional argentina determina "malas" políticas. De ahí a entender el estancamiento del sector y de la economía en su conjunto cuando varios países de Latinoamérica (como Chile, Perú y Colombia) siguen su curso progresista hay un trecho corto.
En los últimos 50 años se ha discutido sobre los responsables del atraso nacional. Los dos candidatos son agentes económicos concentrados y actores políticos. Estos estudios muestran que ambos no están desconectados: la influencia excesiva de los agentes concentrados (donde hay que incluir a grandes empresas, gremios concentrados y poder político puro) determinan que las políticas sean de baja calidad y éstas, a su vez, que los resultados sean negativos. Hoy el actor más concentrado de todos es el Ejecutivo nacional, que maneja más del 35% de la producción nacional (en comparación, cualquiera de las mayores empresas del país maneja menos del 0,5% de la producción), y lo hace de una forma completamente verticalista, sin diálogo, con cuadros técnicos deteriorados y sin control institucional. No es extraño que año a año se revele más y más ineficaz, como lo muestran el deterioro energético, el déficit de infraestructura y la creciente inflación.
En la comparación latinoamericana la Argentina compensa sus mayores recursos naturales y su alto capital humano con peores políticas públicas. En fin, no hay atajo posible: sin mejoras institucionales en el Congreso, la Justicia y el servicio civil no hay salida posible.
Por su parte, el sector agroindustrial, desde los trabajadores hasta los representantes políticos del sector, debe redoblar los esfuerzos en ese sentido. En vez de caer en la decepción o el escepticismo debe sacar a relucir las tradicionales cualidades de su gente, la seriedad en el trabajo y la perseverancia ante las adversidades, e insistir en una agenda que es sensata en relación al país que tenemos y al mundo que nos toca, y es justa en el sentido de que se trata de una punta de lanza para el desarrollo nacional. En efecto, si al sector agroindustrial le va bien le irá mejor al país en su conjunto.
