Un grupo de vecinos presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que anulen la adjudicación a Boca de un predio de 3,2 hectáreas en Casa Amarilla, donde la dirigencia del club, encabezada por Daniel Angelici, pretende construir un nuevo estadio para 80.000 personas a dos cuadras de la mítica Bombonera.
Las tierras pertenecieron al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que debía construir dos complejos habitacionales de 1.200 viviendas para gente de bajos recursos. Luego de hacer efectiva un tercio de éstas, se las transfirió al Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri, quien, a través del Decreto 723/10 del 13 de septiembre de 2010, se las concedió a la Corporación Buenos Aires Sur. Ya en 2008, cuando aún era presidente de Boca, Mauricio Macri ambicionaba esas tierras para el club. Incluso le mandó al en ese entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, dos escritos solicitándole la sesión en forma gratuita, que le fueron denegadas. En noviembre de 2014, el entonces vicepresidente de Boca y legislador PRO, Oscar Moscariello, presentó en la Legislatura un proyecto de ley en el que se planteaba cambiar la zonificación de estas tierras para poder construir un "Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors" (título del proyecto de ley).
Esa iniciativa tuvo su freno como consecuencia de las movilizaciones de vecinos, organizaciones e hinchas de Boca que no quieren abandonar la Bombonera. Sin embargo, nada impidió que el PRO avanzara y en agosto del año pasado presentó a la Corporación Sur una propuesta de iniciativa privada para adquirir las tierras. El proyecto avanzó rápidamente por las distintas áreas del Gobierno porteño y -evadiendo el compromiso asumido en octubre ante los vecinos de llamar a una audiencia pública para escuchar la opinión del barrio- el 4 de diciembre, en el Boletín Oficial, publicó el llamado a "Licitación con Iniciativa Privada para el desarrollo y Mejoramiento Urbano de Casa Amarilla" y fijó para el pasado martes 19 de enero la apertura de sobres.
En su momento, Boca había ofrecido 115 millones, de los cuales pagaría en efectivo el 5% y el resto a 14 años. Sin embargo, la Corporación del Sur tasó los terrenos a través del Banco Ciudad en 180 millones y llamó a una licitación pública extremadamente direccionada, en la cual sólo el Club Atlético Boca Juniors podía cumplir con los requisitos: ser una asociación civil sin fines de lucro, tener actividad en el barrio de La Boca y un respaldo financiero para afrontar el pago. De esta forma, Angelici recibió un enorme favor del actual Gobierno porteño, porque cuando se abrieron los sobres de la licitación en las oficinas de la Corporación Buenos Aires Sur, ubicadas en Soldati (Av. Rabanal 3220) y dependiente del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el único oferente fue el Club Atlético Boca Juniors.
Angelici, un macrista con cada vez más influencia en la Justicia y los servicios de inteligencia, en reiteradas ocasiones durante su compaña para ser reelecto como presidente del club, repitió: "Tenemos que empezar a pensar en un nuevo estadio con capacidad para 80.000 personas, sin populares y con plateas y palcos vip, con un shopping con locales comerciales y restoranes...".
El ambicioso "Proyecto Angelici" pretende dejar la Bombonera para partidos de Copa Davis, recitales y otro tipo de espectáculos, a través de un convenio con Fenix Entertainment Group. Otra posibilidad es que la "vieja" Bombonera se transforme en un museo.
En la presentación del pliego bajo el plan de desarrollo y mejoramiento urbano Boca Social, los directivos de la entidad xeneize proponen la revalorización de la zona de Casa Amarilla, mejorando el espacio público, el desarrollo de la infraestructura urbana, y vinculando los barrios de La Boca con Barracas para ampliar el circuito turístico, lo que también incentivará el comercio.
Sin embargo, vecinos y organizaciones creen que los directivos de Boca ocultan su verdadero propósito y se levantaron en contra de esta privatización de las tierras de la Ciudad y de la construcción de un megaestadio-shopping, a 200 metros de la Bombonera.
Ante el avance inconsulto de la privatización de tierras públicas sin pasar por la Legislatura porteña, vecinos integrantes del colectivo La Boca Resiste y las Agrupaciones Boca es Pueblo y Boca es Nuestro, e hinchas xeneizes presentaron un amparo ante la Justicia de la Ciudad para poner freno al negocio.
La presentación reiteró la denuncia de ilegalidad de la licitación dado que el IVC sólo puede desprenderse de tierras públicas destinadas a fines de educación, seguridad o salud y claramente esta licitación tiene un fin deportivo y comercial que lo hace violatorio no sólo de la institucionalidad del IVC, sino del derecho a la vivienda de los habitantes del barrio. El asesor legal de los vecinos y agrupaciones que presentaron el amparo, Jonatan Baldiviezo explicó que la denuncia ante la Justicia tiene su eje "en una serie de manejos y maniobras que está llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad para transferir esos terrenos al club Boca Juniors". "Intentaron hacerlo de una forma directa por la Legislatura, pero no tuvieron apoyo y ahora buscan evitarla y hacerlo a través de la Corporación Sur que se arroga atribuciones de la Legislatura y busca hacer esta venta claramente direccionada al club que preside Daniel Angelici, señaló. El asesor letrado indicó también que la denuncia de legalidad no sólo es por la venta sin el paso por la Legislatura sino "principalmente sin que los vecinos puedan decidir el destino de terrenos que ya fueron destinados a viviendas sociales y espacio público". Estos terrenos están enmarcados en la Ley 2240, que declaró la emergencia urbanística de La Boca, pero que nunca se cumplió.
Por parte de La Boca Resiste, su representante Natalia Quinto explicó los usos que actualmente tiene el espacio público: "En estos predios ensayan dos murgas, una de candombe, se hacen torneos de fútbol los fines de semana y las familias comen asado. Está claro que el campito es del barrio y lo defendemos para que siga siéndolo porque son nuestros chicos a quienes se les violan sus derechos cuando tienen que vivir con todos sus hermanitos en una pieza de 4 x 4".
También los vecinos y los propios hinchas de Boca se oponen a la privatización. Los primeros dicen que deben ser ellos los que deben tomar la decisión sobre los terrenos según las necesidades del barrio, ya sea para la construcción de viviendas o espacios verdes. Además hacen hincapié en el devastador impacto ambiental que implica la construcción de un estadio a 200 metros de otro.
Una vez presentado el recurso de amparo, los representantes legales de los vecinos y distintas agrupaciones barriales presentaron un escrito al Juzgado N° 18 Secretaría N° 35 para que sea levantada la feria judicial y se trate el expediente "Quinto, Natalia Gimena y otros contra Corporación Buenos Aires Sur S E Sobre Amparo. Desde el Juzgado la respuesta fue negativa informando que la habilitación de la feria es una medida excepcional y que en cuanto al análisis de los antecedentes de la causa resalta que no surgen motivos suficientes para acreditar la urgencia del pedido. Sobre la parte damnificada señaló que "Si nuestros cuestionamientos no tuvieran asidero, los jueces habrían autorizado la feria judicial y rechazado la acción de amparo. Esto es por la presión política que Boca y el Gobierno de la Ciudad están haciendo sobre el Poder Judicial. Creemos que al decir no se toca el tema ahora con excusas formales es porque el Poder Judicial está evaluando y tirando la pelota más adelante para no confronta con el Gobierno porteño y con Boca al tener que otorgar la medida cautelar de suspensión de la licitación".