El diputado Eduardo Cáceres (Unión-PRO de San Juan) presentó un proyecto para “asegurar la presencia del vino argentino en cualquier tipo de establecimiento en que se comercialicen vinos (bares, restaurantes, pub, tabernas, cafeterías, enotecas o vinotecas, hoteles, supermercados, etc.)”.
Tales establecimientos –si la propuesta de Cáceres prospera– deberán “ofrecer en sus góndolas o cartas de vino o de menú distintos vinos de producción nacional elaborados en por lo menos tres provincias diferentes de la Argentina, clasificándolos expresamente en las cartas según el lugar de producción de los mismos”.
Otro gran aporte es el proyecto de Isaac Bromberg (Frente para la Victoria de Tucumán) que dispone crear “la denominación Vino de Tucumán a los fines de proteger la calidad de origen que identifica a dicho producto”.
Para evitar, por ejemplo, que algún vino mendocino sea comercializado como tucumano para mejorar su estándar comercial, la iniciativa de Bromberg establece que “queda prohibido el uso de la denominación de origen Vino de Tucumán a los usuarios –personas físicas o jurídicas– que no hubieren obtenido la expresa autorización por parte de la Autoridad de Aplicación”.
Cuatro diputados radicales (Miguel Tejedor, Miguel Giubergia, Víctor Maldonado y Julio Martínez) elaboraron un proyecto para implementar derechos de exportación a los principales granos. Pretenden aplicar un 33% para soja (versus 35% en la actualidad), un 18% para maíz y sorgo (20%), un 20% para trigo (23%) y un 15% para girasol (32%)
La iniciativa asegura que se implementará “un régimen de compensación” para devolver a los pequeños productores la retención de manera “total o parcial”.
La propuesta no dice nada con respecto a las harinas y aceites de soja y girasol (con lo cual no es posible saber si tal omisión es producto del desconocimiento o de una intención deliberada de eliminar las retenciones a los aceites vegetales y harinas proteicas).
Los diputados –en los fundamentos de la propuesta– explican que “en este contexto el proyecto propone una alícuota máxima para los derechos de exportación de los granos y oleaginosas de soja, trigo, maíz, girasol y sorgo, que supone una rebaja en relación a las retenciones vigentes. Propiciamos este cambio en función del alza de los costos internos contemplando en particular a los sectores más vulnerables dentro del conjunto de los productores, que ven especialmente afectada la rentabilidad de su actividad. Asimismo, la rebaja de los derechos exportación propuesta apunta a modificar el proceso de sojización, y en tal sentido el maíz, el sorgo, el girasol y el trigo se benefician con una reducción mayor”.
Otros cuatro diputados radicales (Fabián Rogel, Jorge D’Agostino, Héctor Gutiérrez y Mario Fiad) junto con el ya mencionado Víctor Maldonado presentaron un proyecto para crear el Banco Agrícola de la Nación.
La propuesta indica que “el Banco Agrícola tendrá su domicilio y casa central en la Capital de la República y deberá establecer al menos una sucursal por provincia”. Además, “será gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y nueve directores”.
En los fundamentos de la iniciativa, se menciona que “el 29 de septiembre de 1919 el presidente Hipólito Irigoyen envió al Congreso Nacional un Proyecto de Ley para la creación del Banco Agrícola de la Nación”. Pero no prosperó. “Aunque han pasado 95 años desde esa visionaría iniciativa, las palabras del ilustre hombre público tienen una notable actualidad, ya que la concentración territorial en los centros urbanos ha ido creciendo de manera desmesurada y los planes de desarrollo agropecuario en este momento tienen la impronta de una gigantesca producción sojera, en desmedro de otros bienes de la tierra que deberían alcanzar una mayor producción”.
