Las mayores cámaras empresarias del país podrían acudir en las próximas horas a la Justicia para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la llamada ley de Abastecimiento que impuso controles a los procesos productivos y comerciales luego de un trámite relámpago en el Congreso y con la que el Gobierno busca presionar sobre las empresas para intentar por ese medio controlar la inflación.
La semana pasada había trascendido que, hoy, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural y la Asociación de Bancos Argentinos, acompañados por la Asociación Empresaria Argentina, realizarían la presentación, dado que el documento ya estaba firmado el viernes. Además, pedirían un amparo para evitar que la legislación se aplique mientras la Justicia trata la cuestión de fondo.
Aunque se desconocen precisiones, el pedido a la Justicia consistiría en una declaración de certeza de constitucionalidad, ya que aún no hay un caso específico sobre el cual la Justicia podría sentar jurisprudencia.
Para el conglomerado empresario se trata, también, de un gesto político. El kirchnerismo buscó explotar contradicciones que efectivamente existen en el campo empresario. Por ejemplo, hubo chisporroteos entre al menos algunos dirigentes industriales con algunos de los bancos porque, mientras la UIA rechaza la ley de Abastecimiento, algunas empresas se beneficiaron o querrían seguir beneficiándose con créditos a tasa de interés negativa que el Banco Central y el Gobierno obligan a los bancos a conceder a pérdida. Algo similar podría sucederles a algunas industrias si, basado en la ley que se busca cuestionar, el Gobierno las presionara a vender sus productos a pérdida.
También el gobierno buscó dividir al sector cuando pactó con Came –que nuclea a algunas empresas comerciales de menor tamaño– que la legislación sólo rija para “grandes empresas”. El titular de Came, Horacio Cornide, hizo campaña con ese “logro”, aunque no explicó por qué una ley podría ser buena para otras empresas y no para las que se cobijan en su agrupación.
El abogado encargado del trámite del G-6 sería Juan Carlos Cassagne. Y el escrito ya estaría firmado por Héctor Méndez (UIA) Jorge Brito (Adeba), Carlos de la Vega (CAC), Luis Etchevehere (SRA), Gustavo Weiss (CAC) y Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio).
La semana pasada, cuando reapareció en público tras su extenso reposo, Cristina Fernández se encontró con Weiss en la convención de la Construcción. Y allí se dirigió con insistencia y en forma personal al empresario para enumerar lo que la Presidenta considera logros de su gestión.
La norma se basó en el “Plan de Desarrollo Endógeno Bolivariano” que impuso Hugo Chávez en Venezuela, un país hundido en una profunda crisis productiva después de la ola de confiscaciones y expropiaciones a mansalva del chavismo que dejó a la nación caribeña prácticamente sin empresas privadas de envergadura.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, uno de los autores de la ley, volvió a cuestionar al sector empresario. Afirmó que “cuando los empresarios hablan de menor intervención del Estado en la economía hablan de que no quieren que los controlen”, al replicar el reclamo hecho por el Foro de Convergencia Empresaria, que nuclea a las entidades empresarias más importantes del país.
“Cuando hablan del Estado, hablan de que no quieren que los controlen”, evaluó Kicillof, al plantear que “hay algunos nostálgicos de ese Estado tonto, cómplice, que trabajaba para las corporaciones, en función de los intereses de las corporaciones”. “A lo que estaban acostumbrados muchos era que el Estado les regalara las empresas”, sostuvo el ministro.
