A través de un informe, la Sociedad Rural Argentina expresó su profunda preocupación por la grave situación institucional que atraviesa hoy el país. Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos.
Para la entidad, el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año.
Además, según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser exigidas por ley del Congreso. "No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro", afirmó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Por último, destacó que «desde la Sociedad Rural Argentina exhortamos a las autoridades nacionales a asumir, cada una de ellas, las obligaciones a su cargo, y resolver en forma urgente esta situación inédita y alarmante«.
