Desde hace algunos años, las economías regionales han estado reclamando que se reconozca la problemática que enfrentan. Si bien en el último tiempo, la nueva gestión ha adoptado algunas medidas macroeconómicas que se anunciaron como una solución a la crisis de las economías regionales, varias producciones regionales (principalmente la fruticultura y las explotaciones alejadas de los puertos) siguen enfrentando serias dificultades.
“No alcanza con políticas macro, tiene que haber medidas puntuales y específicas, de precisión. Todos esperábamos la quita de las retenciones y su aplicación estuvo muy bien, pero se necesitan políticas pensadas para los distintos sectores”, aseguró Jorge Solmi, director de Federación Agraria Argentina (FAA).
Apuntó que, cuando se eliminaron las retenciones, desde la FAA advirtieron al Gobierno nacional que el beneficio que se generaría producto de esa medida se lo iba a quedar la cadena intermediaria y no iba a llegar el productor. Explicó que, para que eso no suceda, el Estado tiene que negociar antes de aplicar esa reducción en la presión impositiva con los otros integrantes de la cadena de precios para exigirles que se traslade, aunque sea, parte ese beneficio al productor.
En este sentido, advirtió que este tipo de medidas no son suficientes y que también hay que atender, por ejemplo, temas relacionados con el transporte. “Todos los argentinos le pagamos un subsidio a la industria petrolera, de lo contrario no podría ser que tengamos el gasoil más caro de la región”, sostuvo. Y agregó que sería bueno aplicar un precio diferencial del combustible para las economías regionales.
El representante de la FAA detalló que, según un censo de 2008 –aunque reconoció que no es un número muy confiable- existían 500.000 productores en el país. Si se cruza este dato con los de AFIP, que tiene registrados 80.000 productores granarios, resulta que hay 420.000 que no están dedicados a los granos, por lo que ese podría ser el total de productores nucleados en las economías regionales del país.
“Estos suelen ser pequeños y la diversidad de actividades que desarrollan es inmensa (desde el cultivo del tabaco a manzanas, pasando por bananas, aceitunas y vinos hasta la elaboración de lana, entre miles de opciones). Cada día que se complica la realidad de las economías regionales significa un productor menos que tenemos. Esto genera una tendencia a la concentración de la producción y a la desaparición de los pequeños productores”, alertó Solmi.
No existen buenas prácticas comerciales
Denunció, también, que no se respeta ninguna pauta de buenas prácticas comerciales ni de precio justo, que son temas que, a nivel internacional, ya no se discuten. “La cadena intermediaria, durante los últimos 12 años, se ha fortalecido enormemente y está distorsionando la relación entre el productor y consumidor. Los intermediarios se aprovecha de las circunstancias del productor, muchas veces sin fuerza de negociación, porque son pocos y actúan casi de forma cartelizada”, sostuvo.
Por su parte, Patricia Giménez, diputada nacional de la UCR por la Provincia de Mendoza desde 2013, quien fuera directora de estadística de su provincia entre 1999 y 2007, advirtió que “las economías regionales fueron abandonadas y que, “hoy, todas las economías están en una situación crítica que lleva casi 8 años”. La diputada aseguró que “la cadena de distribución se lleva el grueso de la renta porque el traslado de los productos es muy costoso”.
Una magra participación en el precio final
A modo de ejemplo, señaló que en el caso del vino, en 2010, la participación del productor en el precio al consumidor era del 37%, mientras que en 2014 descendió a menos del 25%. Explicó, que “un factor importante es que, durante las recesiones, los precios de los productos primarios (vino a granel y uvas) pierden participación en el precio final del vino vendido al consumidor”. Apuntó que el precio del vino en caja se incrementó en 2014 un 24%, mientras que el precio a granel lo hizo en un modesto 15% y el de las uvas rojas cayó un 5%. Comentó que una explicación a esta situación es el hecho de que otros costos (elaboración, distribución y comercialización) crecieron a un ritmo mayor que la inflación, que en 2014 fue del 39%.
“Esta situación –apuntó- hace que el productor reciba cada vez menos dinero por su producto. Para lograr mayor rentabilidad en los grandes centros urbanos, al que menos se le paga es al productor”, describió Giménez, al tiempo que resaltó la necesidad de recomponer esta situación.
Para ello, destacó que la medida de la quita de retenciones es un avance, pero –al igual que Solmi- consideró que es insuficiente y dijo que hay que tratar el problema integralmente. En esta línea, aseveró que es necesario analizar sector por sector para ver qué medidas tomar en cada caso y confió en la capacidad del gobierno nacional para aplicar políticas que hagan a la Argentina competitiva nuevamente.
Un Estado ausente
Sin embargo, la visión de Solmi hace pensar que para que esto sea realidad se necesita un cambio radical en el funcionamiento del sistema, dado que sostuvo que “no se ha logrado nunca que el Estado tome el rol que tiene que tomar en este sentido”. Aseguró que la cadena de comercialización no está siendo observada y que sería importante la puesta en marcha de regulaciones específicas.
“El Gobierno está desplegando una práctica de libre competencia, pero, para que ésta exista, tiene que haber sanciones a los oligopolios y monopolios ante conductas de abuso de posición dominante”, apuntó. Para revertir esta situación, Solmi comentó que sería muy positivo que las cadenas de formación de precios suscribieran acuerdos que les permitan autorregularse, pero reconoció que, si eso no pasa, deberían intervenir los organismos pertinentes.
“Nadie pone en igualdad de condiciones al productor y al consumidor. Y en esta situación los perjudicados son los dos. Porque, cuando se perjudica al consumidor, se daña nuevamente al productor, dado que la gente consume menos si no puede pagar los productos”, se quejó.
La voz de los productores
Más allá de los que expresaron Solmi y Giménez, la experiencia de los productores es esencial para terminar de entender lo que realmente sucede en las economías regionales desde adentro. BAE Negocios dialogó con Salomón Zerpa, un agricultor jujeño que hoy tiene 80 años y que toda su vida se dedicó a la producción de hortalizas en su chacra de una hectárea de la localidad de Maimará, ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, y que actualmente es presidente de la Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles (Cauqueva), nacida en 1996.
“El trabajo de los agricultores es muy duro y no deja mucho rédito. La verdura necesita mucho esfuerzo. Trabajan con toda su familia de sol a sol para lograr una ganancia razonable”, relató. Y lo de “sol a sol” no es un eufemismo, ya que comentó que, para tener una renta digna hay que dedicarse a esta actividad todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Zerpa explicó que el agricultor de la Quebrada vende sus productos a los intermediarios que llegan en busca de verdura. “Le pagan poco, los que ganan mucho son los intermediarios. Ellos se llevan la mejor parte. Vienen desde Santiago del Estero, desde Tucumán o desde la misma capital de Jujuy a llevar la verdura. El intermediario fija un precio que quizás no es rentable para el agricultor, pero lo tiene que vender igual”, contó.
Explicó que esto se puede notar a simple vista cuando uno va a comprar la verdura. Por ejemplo, en la misma capital de la provincia, los productos se venden casi al triple de lo que se le paga al agricultor en la Quebrada. “Una jaula de lechuga (que tiene cerca de 12 kilos) acá se paga $40 o $30 hoy en día. El distribuidor lo vende a $70 u $80 y al público se vende cerca de $12 o $15 la plantita”, ejemplificó Zerpa. Esto hace que mucha gente abandone la actividad, por ejemplo, su familia ya no trabaja la tierra como lo hizo él.
Esta situación es posible gracias a que “todos los intermediarios están aliados, mientras que entre los agricultores hay desunión”. Además, los productores de verdura enfrentan un problema extra que es el hecho de que la verdura no dura mucho en el campo. “Si se pasa en uno o dos días, hay que tirarla. Eso es muy triste para el pequeño agricultor, que no tiene resto y tiene que vender sí o sí”, señaló este experto agricultor.
“Entonces, –lamentó- estamos siempre en manos del distribuidor. Habría que regular los precios o llegar a acuerdos más justos con ellos. Sería muy bueno que los agricultores llevaran directamente la producción al mercado, pero eso no lo puede hacer el pequeño productor porque se necesitan equipos especiales”, deseo Zerpa, quien agregó que hoy están pendientes de lo que va a pasar a raíz del cambio de gobierno y preocupados por el aumento de combustibles y de mano de obra.
Lejos, pero no muy diferente
Si bien la separan miles de kilómetros de distancia de la Quebrada de Humahuaca, la situación de María Luisa Muñoz, productora de la localidad de General Roca (en la zona del Valle de Río Negro y Neuquén), la acerca mucho a Zerpa. Ella tiene 72 años y trabaja desde hace 20 junto a su marido en su chacra. Anteriormente producían manzanas y peras convencionales, pero, desde hace casi ocho años, se dedican a la producción orgánica de estas frutas.
“Esto nos da mayor posibilidad de colocar nuestros productos en el exterior y podemos vender a un mejor precio, ser más competitivos”, dijo Muñoz. Ella señaló que “hay mucho problema con la comercialización, siempre la hubo, pero es cada vez peor”. Comentó que, en el último tiempo, muchos productores de la zona tuvieron que tirar su fruta porque no les conviene venderla.
También contó que este año tuvieron su producción afectada por el granizo y por ser orgánica, lograron vendérsela a una empresa de Mendoza que hace puré para bebés. “Nos están pagando $2,30 el kilo de pera para industria, pero en el mercado habitual nos pagarían cerca de $4 por ser orgánica, aunque hay que destacar que esto también hace que se venda mucho más cara en las góndola. La manzana convencional (no orgánica) para industria se está pagando $0,30 el kilo. No vale la pena ni hacerla juntar porque sale mucho más caro pagarle a la gente que lo que se gana. No se alcanza a cubrir los costos”, contó.
También en esta zona, la asimetría señalada salta a simple vista en un supermercado y esta productora lo explicó muy bien: “Yo voy a la góndola y la manzana está $25 el kilo, acá, en la zona donde se cultiva, pero a los productores les pagan $2 o $3 el kilo. Uno se pregunta dónde está esa diferencia. La respuesta es de la cadena de distribución y comercialización. No sé qué es lo que hace a la diferencia de precio. Creo que es el flete, que tiene mucho costo, pero también debe haber una gran ambición de renta”.
Esta situación no es gratuita para el productor. Muñoz contó que en la zona se ven muchas chacras abandonadas y que la gente las está desmontando porque lo que obtienen del cultivo no les alcanza para vivir. “Es muy triste lo que está pasando. Se hacen barrios privados y se lotean las chacras. Pareciera que no va a quedar nada. Hace varios años que esto viene empeorando”, se lamentó.
También relató que han realizado protestas para reclamar un cambio permaneciendo al lado de la ruta durante 15 o 20 días, pero que nunca han llegado a nada. “Mandan subsidios, pero no es lo que queremos. Lo que reclamamos es que la fruta valga lo que tiene que valer”, resaltó.
Al igual que Zerpa, en Jujuy, observó que los productores no están muy unidos en la región. De hecho, a las reuniones de la cámara que los nuclea suelen asistir cerca de 20 productores, mientras que, únicamente en General Roca existen más de 300.
Por último, aseguró que, a raíz de la liberación de la cotización del dólar oficial tienen mejores expectativas. “El dólar que nos pagaban a nosotros no era real. Eso nos perjudicó mucho”, dijo, pero reconoció que “la gente está muy cansada” y que “si se logra mejorar la situación, sin dudas, van a quedar menos chacras”.
Proponen crear un observatorio de formación de precios
La diputada Provincial del Frente Renovador, María del Huerto Ratto, presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear el Observatorio de Formación de Precios que elaborará informes técnicos para favorecer la transparencia y buenas prácticas en la cadena de formación de precios.
El objetivo de esta iniciativa es que haya mayor control y transparencia, dado que, si bien este observatorio no tendría el poder de sancionar, sería de mucha utilidad para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
