El proyecto de ley que intenta modificar la conocida como ley de Abastecimiento -20.680- por la “ley de Nueva Regulación sobre las Relaciones de Producción y Consumo” fue analizado por las instituciones que reúnen a todos los integrantes de las cadenas de valor de la soja (ACSoja), el trigo (Argentrigo), el girasol (Asagir), el maíz y el sorgo argentinos (MAIZAR). Hubo unanimidad en considerar al proyecto contrario al desarrollo y la inversión. El análisis fue realizado desde tres ópticas diferentes: En primer lugar se examinó el impacto que tendría la ley sobre las actividades productivas y comerciales. En segundo, se estudió el marco legal y regulatorio y, por último, el debate social y las ideas que intentan instalarse en contra del desarrollo económico.
"La experiencia indica que la normativa que se intenta desarrollar y las facultades que se entregarán al Poder Ejecutivo solo impactarán limitando las capacidades productivas y comerciales, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social", dijeron en un comunicado.
Agregaron que la Constitución Argentina "es bien clara en sus referencias a la libertad de ejercicio de toda industria lícita y manifiesta que la libertad de comercio es la base de la libertad de trabajo. Por lo tanto, esta ley que se intenta impulsar se basa en principios opuestos a los Constitucionales".
"Vemos con gran preocupación cómo en nuestro país se intentan instalar en la sociedad, desde distintos ámbitos, ciertas ideas que son contrarias al desarrollo económico y social".
Aclararon asimismo que las cadenas de cultivos "estamos siempre abiertas al diálogo. Creemos fundamental lograr un acuerdo estratégico con el sector público para poder construir conjuntamente los caminos que conduzcan al desarrollo sostenible de nuestras cadenas de valor, generando así una mayor producción, empleo y divisas para el país, con el consecuente impacto positivo sobre los consumidores y toda la sociedad".
