El Gobierno suspendió las exportaciones de aceite y harina de soja, como medida previa a la suba de retenciones para los derivados de la oleaginosa.
El objetivo es igualar la tributación del poroto de soja, tiene una alícuota del 33%, con la de los subproductos, que hasta hoy pagan 31%. Esta suba no impacta directamente sobre los números del productor, sino sobre la industria sojera, principalmente controlada por grandes empresas.
Durante el gobierno de Macri se tomó la misma medida, al eliminar el diferencial de retenciones, y aunque en aquel momento fue bien recibida por el campo concentrado, hoy la critican. En los últimos años los aumentos de los precios de alquileres de campos y de los fertilizantes contribuyen a la concentración de la tierra y al aumento de las ganancias de las empresas transnacionales, por eso insistimos en la necesidad de pensar un esquema con segmentaciones: quien más tiene que más pague.
Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina vemos con buenos ojos estas nuevas medidas, con las que el Gobierno podría recaudar unos U$S 400 millones en 2022, pero nos preguntamos: ¿en qué se invertirá esta nueva recaudación? Estos fondos no pueden destinarse para reducir el déficit fiscal, sino que deberían ir a los fideicomisos que permitan abaratar la canasta alimentaria y a créditos para que cooperativas y pequeñxs productorxs puedan seguir garantizando un alimento sano, seguro y soberano.
Necesitamos y exigimos políticas de fondo que permitan desarrollar a nuestro sector, el que abastece de alimentos a nuestro país, y el que permitiría que el pueblo deje de pasar hambre y pueda acceder a una alimentación sana.
