Como tercer productor mundial de soja y primer exportador de harinas y aceites la Argentina tiene un peso específico propio en el comercio de la oleaginosa. El exceso de lluvias que viene afectando a la región pampeana en las últimas semanas hizo sentir su impacto en el mercado de Chicago. El miércoles pasado la cotización de la oleaginosa subió poco más de siete dólares por tonelada por la posible disminución de la oferta global. Los pronósticos climáticos que anticipan la continuidad de las precipitaciones también influyeron para que los precios dieran un salto.
Por ahora el partido de la cosecha 2016 se está jugando. Había arrancado bien, con mejores rendimientos que los esperados. La falta de lluvias que hubo en enero pasado (El Niño hace de las suyas) había despertado algunas dudas sobre el comportamiento del cultivo. Cuando empezó la trilla, muchos alentaron el optimismo. El agua les puso freno. Pero el partido no terminó. Y, como en el fútbol, hasta que el árbitro no haga sonar el silbato -en este caso hasta que no se levante la soja del lote- no se da por perdido.
Sin embargo, la lluvia vuelve a dejar en evidencia otro problema estructural del país sobre el que se hace poco y nada desde hace años: la infraestructura vial. La sola mención de "caminos rurales" da la idea de que se trata de rutas de tierra. Según distintas estimaciones, un 80,76% del total de la red vial es de tierra o no está pavimentada. Ya no se trata sólo de un déficit en los corredores principales o de los problemas en el acceso al polo industrial y oleaginoso de los puertos de Rosario. La imposibilidad de sacar granos, leche o hacienda del campo cuando llueve más de lo normal ya se acepta como un hecho natural.
Esta deficiencia no sólo tiene un ángulo económico, sino también social: el desarraigo de las zonas rurales está impulsado, entre otras razones, por las incomodidades que hay en el campo. Cualquier política que intente cambiar el estado de las cosas en el país debería tomar en serio el desastre de los caminos rurales.
Otro problema estructural sin resolver que quedó en evidencia esta semana es el del reconocimiento a la propiedad y al desarrollo intelectual en semillas. El Ministerio de Agroindustria desactivó la "cláusula Monsanto" y Bolsatech para controlar el pago de regalías por la soja Intacta con la idea de que ambos sistemas no deben estar por encima del control del Estado. Hay quienes interpretaron la decisión como una jugada para que todos los jugadores "vayan al pie" del Ministerio y se vean obligados a llegar a negociar. Más allá de las opiniones y especulaciones, lo cierto es que el Estado está en mora desde hace mucho tiempo con la fijación de un marco normativo y un sistema de control sólido para el reconocimiento de la innovación tecnológica en semillas, tanto sea por mejoramiento genético o por eventos biotecnológicos. Desde la desactualización de la ley de semillas -la norma data de 1973- hasta la desarticulación de los organismos de control, como el cierre del Inase en 2000, el Estado se ha hecho desear. Por parte de las entidades de la producción se ve una posición reactiva. Acaso sea el momento de aplicar en semillas aquello de "las vacas son nuestras, tenemos que vacunar", que se decía cuando en el sector se discutía la legitimidad de vacunar contra la fiebre aftosa. Ahora renació el conflicto con Monsanto, pero la ilegalidad del mercado de "bolsa blanca" es preexistente a Intacta.
Hay más déficits estructurales. Lo advirtió en estos días la industria frigorífica agrupada en el Consorcio Argentino de Carnes (ABC, en sus siglas en inglés) al alertar sobre la informalidad que existe en la cadena de la carne vacuna. Según sus cálculos, entre la evasión impositiva y previsional, se estaría eludiendo $6/kg res en gancho, lo que representaría 40 centavos de dólar por cada kilo. Si la producción anual llega a 2,7 millones de toneladas, dicen los industriales, la evasión rondaría los 1000 millones de dólares.
En la industria anticipan que la AFIP comenzó a tomar este número con seriedad y lanzará una batería de medidas para acotar el problema. Sin embargo creen que todavía hay otros agujeros negros en el Estado que permiten sortear los controles tributarios, comerciales y sanitarios a un buen número de actores de la cadena. Si no se corrige esta situación, creen, cualquier intento de inversión en el negocio de las carnes deberá enfrentar obstáculos serios.
La Nación
