Los representantes de las cuatro cadenas agropecuarias -AcSoja, Asagir, Maizar y Argentrigo- expresaron repudio a los episodios de usurpación ilegal de tierras que vienen sucediendo en distintas regiones del país.
"Nos preocupa también la pasividad del Estado ante estas graves violaciones de la ley. El artículo 17 de la Constitución Nacional expresa claramente que La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley".
"La falta de respeto por los más elementales derechos constitucionales como es el de la propiedad privada va claramente en contra de los procesos de desarrollo e inversión, limitando las capacidades productivas, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social. La toma de tierras es un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para hacer cumplir la ley", exigieron.
Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) recalcó que "es inadmisible el silencio y la inacción de la política" frente a las usurpaciones de tierras productivas que se vienen registrando en las últimas semanas. "El que piense que este es un problema de los grandes estancieros se equivoca. El que piense que este es un problema de los extranjeros se equivoca. Y el que piense que este es un problema exclusivo de los que tienen campo también se equivoca", apuntó la entidad.
Los dirigentes de Federación Agraria (FAA) señaló que "ante la desesperación de propietarios que se ven despojados de sus tierras sin que nadie salga en su apoyo, alarma el tibio accionar de la justicia, que no hace valer los principios de nuestra Constitución".
"Pero preocupa más aún la complicidad de quienes nos gobiernan, que desde las más altas esferas no sólo no repudian esta manera de proceder, sino que, por el contrario, parecen convalidarla y hasta incentivarla", advirtió la entidad federada.
Por último, Sociedad Rural (SRA) manifestó "su alarma y su repudio ante el apoyo indebido o la presencia no justificada de funcionarios del gobierno nacional en las tomas ilegales de tierras, propiedades y edificios públicos, que están proliferando a lo largo y ancho del país".
"Dicho accionar o la presencia de funcionarios públicos de manera presencial o virtual entre los usurpadores, en las prolongadas tomas del sur, las del Conurbano bonaerense, en la de un socio nuestro en la provincia de Entre Ríos (en referencia a Luis Miguel Etchevehere) y, lamentablemente, en otros tantos rincones de la Patria, como en Jujuy, o en Junín y Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, pueden ser interpretadas como un aval del Estado a una metodología ilegal", resaltó SRA.
