Que la relación política entre Axel Kicillof y Carlos Casamiquela es mala no es ninguna novedad. En los pasillos oficiales se menciona incluso que a esta altura el diálogo entre el ministro de Economía y de Agricultura es nulo.
Las aspiraciones de uno y otro son bien distintas: mientras Kicillof intenta por todos los medios conservar poder en el próximo gobierno, Casamiquela, en cambio, tiene pensado jubilarse y volver a su provincia -Río Negro- para estar cerca de su familia.
El tema ahora es que en el día a día, y en los pocos meses que le quedan de mandato, la gestión del ministro de Agricultura se complica de manera innecesaria por la ambición y el destrato de su par de Economía que cada vez que puede le pone trabas burocráticas.
Así fue como -casi por accidente- la Asociación Forestal Argentina (AFoA) relató la cruda interna entre Kicillof y Casamiquela en un comunicado de prensa emitido este martes en el que alertan por la difícil situación que atraviesa el sector.
En dicho comunicado, AFoA se queja por la falta de fondos para atender la Ley de Promoción de Bosques Cultivados (Nº 25.080), “situación que está llevando a dejar de plantar a pequeños y medianos productores forestales”.
“Desde el Ministerio de Agricultura solicitaron $ 400 millones para el presupuesto 2016 y se anticipó desde Economía que se aprobará un monto similar al del año anterior de solo $ 100 millones que no alcanza para afrontar los planes aprobados”, apuntaron.
Según AFoA, para el presupuesto 2015 la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura solicitó $ 300 millones y apenas le fue asignado por Economía un tercio, lo que provocó un atraso de expedientes de $ 125 millones.
“Los productores cortan y no plantan nuevamente perdiendo miles de hectáreas de patrimonio forestal y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo a nivel nacional en toda la cadena de valor desde la genética hasta el vivero”, alertó la entidad.
Cabe mencionar que la Ley 25.080 (prorrogada como 26.432) es una herramienta que, entre otros beneficios, devuelve hasta el 80 por ciento de los costos de plantación a pequeños y medianos forestadores de hasta 500 hectáreas.
La idea de la Ley es fomentar una actividad de largo plazo (lleva no menos de 16 o 18 años) y contribuir con materia prima renovable para la industria del mueble, el papel, los artículos de higiene y otros sectores que se proveen del sector forestal.
En este sentido, el dato político y económico de importancia es que la forestación representa una de las principales economías regionales de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el Delta bonaerense y algunos sectores de la Patagonia.
Como sea, AFoA solicitó que se asigne una partida extraordinaria para hacer frente al atraso de $ 125 millones del ejercicio actual y se apruebe un monto suficiente para el ejercicio de 2016 “con el fin de atender las necesidades de los productores”.
“Es clave incentivar a los pequeños y medianos productores que son el motor de crecimiento de numerosas economías regionales y fomentar el empleo en zonas rurales donde no hay otra actividad”, concluyó la entidad que representa al sector forestal.
