Este es un año como ningún otro. La pandemia posee implicancias sociales y económicas que van a cambiar el mundo para siempre. Mientras la comunidad internacional enfoca su atención en combatir el COVID-19, otra crisis se desarrolla en gran parte del mundo y la Argentina no está exenta con gran parte del territorio en llamas. En un contexto de cambio climático las condiciones ambientales pueden resultar muy favorables a la ocurrencia de incendios y, si no hubo previsión, podemos lamentar consecuencias graves como las que estamos viendo hoy en muchos sectores del país.
En Sudamérica, el fuego es un elemento natural en muchos ecosistemas. Particularmente, en la Argentina muchos de los pastizales y sabanas, como los de la región pampeana y el NEA, evolucionaron con pulsos recurrentes de fuego, a diferencia de otros ambientes similares que en otras partes del mundo lo hicieron mediante la acción de grandes herbívoros nativos (como búfalos o caballos) que modelan el paisaje. Una menor presencia de animales similares en el continente generó que los pastizales sudamericanos fueran más dependientes de los incendios periódicos para no convertirse en otros ecosistemas con mayor abundancia de árboles y arbustos. Así, las quemas controladas pueden cumplir un rol al renovar la vegetación, reciclar los nutrientes de vuelta al suelo y contribuir al equilibrio natural del ecosistema. Los incendios, en cambio, resultan una enorme amenaza.
En la actualidad, los seres humanos somos responsables del 75% de todos los incendios forestales a nivel global. Si continúan las tendencias actuales, habrá consecuencias devastadoras a largo plazo debido a la liberación de millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono. Esto se suma a los impactos inmediatos que diezman la biodiversidad, destruyen ecosistemas vitales, amenazan vidas, propiedades y medios de vida y economías. En Argentina, los recientes reportes oficiales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego sobre los incendios de Córdoba, afirman que "el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas, siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras y la preparación de áreas de pastoreo con fuego".
Una de las formas de prevenir los incendios forestales, es la realización de quemas controladas para evitar la acumulación de materia seca, combustible, que ante un foco ígneo puede transformarse en un incendio. Pero es importante planificar las quemas, que en la mayoría de las provincias cuentan con normas específicas que habilitan su realización. Estas deben realizarse bajo condiciones ambientales precisas: las temperaturas deben ser inferiores a los 20°, el viento debe oscilar entre 5 y 15 kilómetros por hora y se tienen que haber registrado lluvias en los últimos días para que haya un rango de humedad del 40% al 50%. Por lo tanto, se necesita un enfoque basado en la ciencia para pronosticar el riesgo y priorizar intervenciones, elementos críticos para evitar que las quemas se transformen en incendios. Es necesario que se planifique en todas las regiones susceptibles a incendios una red de cortafuegos que permita manejarlos. La insuficiente traza y mantenimiento de cortafuegos permite que los incendios avancen sin control.
"Históricamente el fuego se ha utilizado como una herramienta de manejo necesaria para algunos ecosistemas como los pastizales. Los campos ganaderos de pastizales altos necesitan manejarse con quemas para aprovechar el rebrote tierno, pero además para bajar la carga combustible. Pero es evidente que la práctica en muchos casos se aplica sin el control y la capacitación necesaria lo que hace que se aplique en ambientes y épocas inadecuadas. No se trata de prohibir de manera general en todas las regiones sino de ordenar su uso, manejo y control o prohibición según el ambiente del que estemos hablando. Los reportes globales y locales señalan la responsabilidad humana en todo esto y por lo tanto en el fondo estamos ante incendios que se alcanzan fundamentalmente por irresponsabilidad o intencionalidad. Hay que cumplir con las leyes vigentes de manejo de fuego en cada provincia, la Ley de Bosques, e incentivar otras, como la Ley de Humedales, que hará posible, destinándole el financiamiento establecido y necesario, que tanto la autoridad nacional ambiental como las autoridades ambientales de cada jurisdicción lleven adelante acciones de control, promoción del manejo y uso sustentable, protección y restauración de los ecosistemas dañados. Necesitamos el compromiso urgente de todos los actores para cambiar esta realidad, al mismo tiempo que una justicia presente que determine las causas, identifique y sancione debidamente a los responsables. No se puede de ninguna manera aceptar el fuego descontrolado como el que estamos viendo", resumió Fernando Miñarro, Director de Conservación de Fundación Vida Silvestre.
"El año pasado fuimos testigos de las consecuencias de grandes incendios en Australia y en el Amazonas. El 2020 es aún peor ya que el número de incendios forestales creció, sólo en abril, al menos un 17% a nivel global comparado con el año anterior. La Emergencia Climática obliga a reforzar la capacidad del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que cuenta con profesionales y equipos de primera línea, pero necesita de mayores recursos operativos para la prevención, detección y respuesta temprana. Prevenir los incendios es mucho mejor que enfrentarlos cuando ya están ardiendo. Estudios internacionales indican que, por cada peso invertido en prevención, es posible ahorrar más de 10 pesos en logística de control de incendios. Por otro lado, el artículo 40 de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, es claro indicando que los bosques quemados deben ser restaurados y mantener su categoría previa en los Ordenamientos Ambientales de los Bosques Nativos aprobados por ley en cada Jurisdicción. La sociedad debe demandar a empresas y gobiernos, el cumplimiento de este artículo de la Ley de Bosques.", detalló Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre.
Esta situación pone además de manifiesto que la Argentina adeuda una Ley integral de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT), este Ordenamiento debería establecer incentivos y desincentivos para orientar el uso del suelo en todo el país, promoviendo el desarrollo de las actividades productivas más apropiadas para cada ambiente, bajo las mejores prácticas disponibles, con el fin de promover el verdadero desarrollo que no genera efectos negativos a nivel social o ambiental.
Prevenir los incendios antes de que ocurran es esencial para evitar este tipo de crisis, lo que permite además administrar los recursos económicos destinados de manera más efectiva y planificada. Las buenas intenciones tienen que complementarse con acciones reales y efectivas por parte del Estado sobre el terreno, centradas en la recuperación de estos ecosistemas afectados, con una mirada integral que aborde el cambio climático y las consecuencias sociales, ambientales y económicas.
