El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), continúa con el envío de recursos para combatir los incendios forestales en la región norte de la Patagonia. Arribarán en el transcurso del día 10 brigadistas provenientes de Santiago del Estero y 20 de la provincia de Buenos Aires, que se suman a los 80 que ya están prestando servicio en Neuquén. Además, en esta provincia operan cuatro aviones hidrantes y cuatro helicópteros dispuestos por Nación.
Por su parte, en los focos activos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, trabajan 133 brigadistas y operan tres aviones y tres helicópteros enviados por el SNMF. En los focos de Cushamen y Tehuelches, en la provincia de Chubut, Ambiente desplegó 49 brigadistas y envió dos aviones hidrantes y un helicóptero.
Además de los combatientes de incendios forestales, trabajan en la zona el director del SNMF, Alberto Seufferheld, la directora de Operación y Logística, Lorena Ojeda, y el coordinador de la Regional Patagonia del Servicio, Ariel Amthauer.
Cabe destacar que de acuerdo con la Ley 26815 de Manejo del Fuego, el combate se estructura en tres niveles operativos. En el primer nivel, frente a la fase de ataque inicial de todo incendio forestal, es la autoridad jurisdiccional la responsable de llevar a cabo las tareas de control. En una segunda instancia, si la autoridad jurisdiccional considera que su capacidad de respuesta se encuentra comprometida o agotada, puede solicitar colaboración de las demás jurisdicciones que integran la región. En el tercer y último nivel, cuando la magnitud del incendio supera el apoyo regional, se pide ayuda al Servicio Nacional de Manejo del Fuego para afectar recursos de otras regiones.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, declararon la emergencia ígnea en todo el territorio nacional por un plazo de 12 meses en función del riesgo extremo de incendios de bosques y pastizales, y se solicitó la articulación entre las jurisdicciones y el Estado nacional con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención. Además, se recomendó al Poder Ejecutivo nacional replicar la medida para que se habiliten partidas presupuestarias de excepción necesarias para robustecer las acciones.
