En el marco de una causa que se lleva adelante en la Justicia Penal de Rosario, el fiscal de delitos económicos Miguel Moreno apuntó contra los directivos de la agroexportadora en default y a cinco de ellos los calificó como "jefes de una organización destinada a defraudar"
En octubre pasado, cuando se realizó la primera audiencia en la Justicia Penal de Rosario.
El fiscal de delitos económicos Miguel Moreno imputó a doce directivos de Vicentin y a tres miembros de la sindicatura del concurso de la agroexportadora, por integrar una asociación ilícita destinada a defraudar y estafar a quienes hoy son los acreedores de la cerealera, en la causa que se lleva adelante en la Justicia Penal de Rosario.
En un escrito de más de 230 páginas, describió las maniobras y los roles en el marco de esa organización y apuntó contra cuatro altos ejecutivos de la compañía como jefes de esa organización, con lo cual le corresponderían penas más graves. Se trata de Daniel Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze y Omar Adolfo Scarel.
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El encuadre de la maniobra destinada a estafar fundamentalmente a productores, acopiadores y bancos se ajusta en buena medida al que acompañó la denuncia que dio origen a la causa penal en agosto de 2020, impulsada por el abogado Gustavo Feldman.
El punto de vista de la fiscalía es que la estafa que se investiga fue acompañada de una división del trabajo dentro de la organización, con distintas responsabilidades. Un punto clave es la simulación de una fortaleza económica y financiera que no tenía.
La imputación fue realizada en el marco de una breve audiencia en la fiscalía, aunque físicamente se desarrolló en una sala de audiencia del Centro de Justicia Penal, a la que no se permitió el acceso a la prensa.
La fiscalía atribuyó a Daniel Nestor Buyatti (ex presidente), Alberto Julián Macua (ex vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, en su carácter de ex directores titulares de Vicentín Saic, y al síndico de dicha firma Omar Adolfo Scarel, junto con Javier Gazze y Miguel Vallaza haber formado parte de una asociación con permanencia en el tiempo.
Esta asociación, según la denuncia, comenzó a operar en el año 2017 y estuvo destinada a la planificación y comisión de una pluralidad de delitos de manera organizada, valiéndose de la estructura de la sociedad "Vicentin Saic" y un conjunto de empresas vinculadas
Moreno mencionó a Daniel Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze y Omar Adolfo Scarel como jefes de la organización, ya que "demostraron tener autoridad sobre otros miembros".
Los delitos que se le imputan son los siguientes:
Seis hechos de estafa, en concurso real, cometidos entre el año 2017 y 2019, donde resultaron víctimas los bancos internacionales, con un perjuicio patrimonial asciende a 500 millones de dólares.37 hechos de estafa cometidos entre el mes de enero 2017 y diciembre de 2019, en concurso real, donde se atribuyó la utilización de un plan de puesta en escena de empresa solvente y confiable de Vicentin, destinado a generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, quienes engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, fijo y en depósito sin contrato, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas.Un hecho de estafa que generó un perjuicio patrimonial de 508 millones de pesos y donde resultó víctima el Banco Macro, a través de la entrega de documentación con información contable falsa.Un hecho de Administración fraudulenta cometido en fecha 3 de diciembre de 2019 por el órgano de dirección, junto a Javier Gazze y Miguel Vallazza; al disponer que se concluya la negociación y se concrete la operación de venta y transferencia a Renaico BV del 100% de las acciones que Vicentin Saic Sucursal Uruguay tenía sobre la empresa Renova, representativas del 16.67% de su capital social y voto. Esta operación se gestionó a pocas horas de la declaración pública de estrés financiero y tuvo como fin el desprendimiento por parte de Vicentin de uno de sus activos más importantes; negociación que se caracterizó por la falta de transparencia y por no tender a conservar o mejorar la situación patrimonial de la empresa, por el contrario, afectó la integridad del patrimonio de la firma, y otra de las consecuencias fue que perjudicó la posibilidad de negociación con los eventuales acreedores que se presentarían a verificar sus créditos en el concurso preventivo, con el peligro concreto de conducir a Vicentin a una futura quiebra y el perjuicio que ello conllevaría a la sociedad y sus socios.Un hecho de administración fraudulenta. El órgano de Dirección de Vicentin entregó a Roberto Alejandro Gazze la suma de u$s 1.000.000 para que éste realice un aporte irrevocable en "El Liquidambar S.A.S.", una sociedad que el Sr. Roberto Gazze constituyó el 5 de julio de 2019. Dicha suma, sería devuelta a Vicentin a partir del 31 de julio de 2021 en cinco pagos a abonar en pesos $43.930.000, perjudicando con dicho accionar a la sociedad en su conjunto.Un hecho de administración fraudulenta. En fecha 6 de diciembre de 2019, 48 horas después de que se hiciera pública la comunicación de su cesación de pagos y 18 días hábiles antes de presentarse en concurso preventivo, los integrantes del directorio dispusieron la aprobación de la venta de las acciones representativas del 100% del capital social de la sociedad Tastil SA (Tastil) en favor de la sociedad "Losagor S.A.", procurando con ello, un lucro indebido en favor de esta última por la suma de u$s 1.600.000 y perjudicando la posibilidad de negociación con los eventuales acreedores que se presentarían a verificar sus créditos en el concurso preventivo, con el peligro concreto de conducir a Vicentin a una futura quiebra y el perjuicio que ello conllevaría a la sociedad y sus socios.Un hecho de administración fraudulenta cometido por el órgano de dirección de Vicentin, al realizar un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de Capital en favor de Emulgrain. Fueron u$s 37.500 en favor de su sociedad controlada, que atravesaba dificultades económicas desde al menos el 2015.Un hecho de administración fraudulenta cometido en fecha 26 de octubre de 2018, cuando el órgano de dirección de Vicentin aprobó el aporte Irrevocable por la suma de u$s 786.793,25 "a cuenta de futuras emisiones de Acciones a favor de la sociedad "Playa Puerto SA", sin indicar cuál sería la contraprestación y/o el beneficio para Vicentin. Playa Puerto al 31 de marzo de 2019 exponía "un capital de trabajo negativo de $75.780.612,16.Un hecho de administración fraudulenta cometido por el órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, cometido al momento de presentar la nómina de acreedores de la empresa Vicentin SAIC al 10 de febrero de 2020 en el proceso concursal; al haber asumido una deuda ajena de u$ 12.900.366,40 (equivalente a 30.218.613 kilos de soja) que originalmente correspondía a la empresa Renova SA en virtud de entregas de soja que la empresa supo hacer en esa firma en carácter de depósito entre 31/5/19 y el 11/11/19.Un hecho de administración fraudulenta cometido por el órgano de dirección y fiscalización de Vicentin en perjuicio de Commodities SA, en virtud de las 55.608.090 kg. de soja, depositadas en las instalaciones de Renova SA entre el 31 de mayo y el 11 de noviembre de 2019 en carácter de depósito que se corresponde con 1925 cartas de porte en las que registraba a Renova como "destino" y a Commodities como "destinatario".
Numerosos mails, mensajes y documentos integran el cuerpo de la imputación, que entre otras cosas menciona el proceso de vaciamiento de la compañía y la simulación a travpes, incluso, de un entramado de empresas vinculadas. Se destacan por ejemplos aportes que se hicieron desde Vicentin Saic a Buyanor entre 2018 y 2019, antes de la presentación concurso, para desviar recursos.
Buyanor es propiedad por mitades, entre Vicentin y Mavic. Entre la prueba presentada por el fiscal figura un diálogo entre allegados y la sindicatura con una abogada que prestó su domicilio para que la empresa integrante del grupo Maxiconsumo se presentara en el concurso para verificar créditos por $ 250 mil.
El escrito también describe la operación entre Vicentin y Viterra para la enajenación de las acciones de la cerealera en la planta industrial de Renova y subraya que en el balance de 2019, presentado tardíamente por Vicentin cuand, ya avanzaba la convocatoria de acreedores, se "dibujó" una pérdida de capital de $ 60 mil millones.
Por Alvaro Torriglia
