El último mes abundó en palabras edulcoradas desde el gobierno hacia el sector. La dulzura se cortó abruptamente con una medida del Banco Central. Estás conmigo o en contra mío. Una pena.
Las voces que llegan desde la cartera específica hablan de concordancia, reglas de juego claras, diálogo, valoración del campo. Sin embargo, esa voluntad aparentemente amigable no evita que dos por tres el sector agropecuario se desayune con algún martes 13. Disgusto que de un modo u otro lleva la memoria a los peores momentos en que los fundamentalistas del intervencionismo disparaban cuanta munición tienen a mano sobre la humanidad del agroempresario. La carroza se convierte otra vez en calabaza.
Hay que reconocer que en alguna medida desde el gobierno lo habían avisado, pero la necesidad del productor de subirse al tren de los $200 pesos ayudó a que no se notara demasiado. El artículo 11º de la medida que dio vida a toda esta historia indica que "los productores agrícolas que efectúen ventas de soja para exportación a corredores, acopiadores, cooperativas, exportadores e industriales de soja para afectar a operaciones de exportación del presente Programa por un porcentaje no inferior al 85% de su producción referida a la cosecha 2021-
2022 y con precio perfeccionado o fijado antes del 30 de septiembre de 2022, podrán acceder a los beneficios y programas que establezca la Secretaría de Agricultura para la cosecha 2022/23". Es decir, "si entregas toda tu soja contarás con nuestra ayuda para lo que viene" o bien "no te pondremos en la listas de perdedores". Una advertencia velada, sin dudas.
La realidad es distinta, y quedó plasmada con la última determinación del Banco Central de la Republica Argentina, que fija la tasa mínima para el financiamiento a productores que mantengan un stock de soja superior al 5% de su producción en el equivalente a 120% de la última tasa de Política Monetaria, con lo cual levanta el piso para los insurrectos nada menos que en 14 puntos. Quedan exceptuados los productores cuyo monto total de financiaciones en el sistema financiero no supere el importe equivalente a $ 2 millones ("casi utópico") y que acrediten no tener un acopio de su producción de soja superior al 5% de su capacidad de cosecha anual.
En otros términos, no vender lo que estipula el Estado no implica perder beneficios como parece sugerir la letra de la norma, antes bien equivale a ser castigado. Bajo el paraguas de los $200 se vuelve a poner en tela de juicio la propiedad privada, un temperamento alarmante. En alguna medida se retoma la idea de grupos radicalizados respecto de que la soja es un "bien público", cuando la sensatez indica que pertenece a quien invirtió en su producción.
Toda la cadena puso el grito en el cielo, alegando discriminación, un golpe al normal desarrollo de las actividades productivas, poniendo en riesgo no solo posibles inversiones del sector sino también el acceso al capital de trabajo.
Es que además cuesta creer que se trate de una medida aislada, generada por un funcionario de segunda o tercera categoría en un momento de desvarío. Y lleva a pensar que el mismo que tendió una mano buscando acercarse al sector giró sobre sus talones y casi instantáneamente dio indicaciones de apretar a los renuentes.
Es una señal sumamente peligrosa de cara al futuro, justo cuando la campaña de gruesa se inicia con costos aumentados y el escenario más seco de los últimos 27 años; prácticamente no hay lotes que reúnan el agua útil necesaria para arrancar con un mínimo de confianza. Por lo pronto, si el productor necesita financiar algo, ya sabe que no puede contar con el Estado, a menos que acepte ponerse de rodillas.
