El Gobierno nacional volvió a dar señales al sector agropecuario y definió el envío al Congreso de tres proyectos de ley orientados a la promoción de la producción del campo, al tiempo que firmó cinco convenios de corresponsabilidad gremial con distintos sectores agrícolas con miras a regularizar trabajadores no registrados.
Uno de los proyectos declara de interés nacional las cuestiones vinculadas a fitosanidad y sanidad animal, y le otorga "funcionalidad y soporte jurídico" al SENASA. Otro proyecto, en tanto, amplía la injerencia del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), y la última iniciativa busca ordenar la producción acuícola.
A su vez, los acuerdos de corresponsabilidad gremial comprenden a los sectores forestal y ganadero de Chaco, la Asociación Tucumana de Citrus, la Federación de Sociedades Rurales de Chubut y al sector hortícola de la provincia de Buenos Aires. Estos últimos se suman a otros 15 suscriptos desde 2010 hasta la fecha y permitirán alcanzar 50.000 trabajos registrados bajo los convenios de corresponsabilidad gremial.
El nuevo IPCVA
En lo que respecta al Instituto de Carne Vacuna, la iniciativa propone cambiar la denominación del IPCVA por el de Promoción de Carne Argentina para que abarque, además de la carne bovina, a la porcina, aviar e ictícola. "Tiene como propósito ampliar su trabajo respecto del accionar de todas las cadenas de producción de carne, orientado tanto a la exportación como al consumo interno", señaló el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela.
A su vez, Casamiquela respondió a las primeras críticas que surgieron sobre la reforma de este instituto. "La modificación propuesta en el IPCVA no es de ninguna manera estatizarlo o hacerlo desaparecer, como dijo la Mesa de Enlace, ya que se mantendrá como ente público no estatal y en ningún caso la presencia del Estado supera a la actividad privada en el consejo o la asamblea", aclaró.
En el nuevo IPCA, la asamblea de representantes estará compuesta por un presidente y 16 miembros: cuatro del sector productivo, tres del sector industrial, cuatro del Gobierno nacional y cinco de las provincias productoras. El ministro recordó, además, que el IPCVA tiene 14 años, período durante el cual el sector "tuvo una modificación estructural muy importante".
En lo que respecta al proyecto de ley de Acuicultura, el ministro de Agricultura explicó que tiene el objetivo de ordenar la producción de peces en agua dulce y en agua salada, teniendo en cuenta la enorme superficie acuífera con la que cuenta el país: "Vale la pena el ordenamiento del sector porque tiene una gran proyección en el consumo interno y en la exportación".