Las principales cámaras empresariales vinculadas al comercio exterior alzaron la voz contra los incrementos de tarifas en las terminales portuarias argentinas, que consideran injustificados y perjudiciales para la competitividad del sector. En un comunicado dirigido a la Subsecretaría de Comercio Exterior, las entidades demandaron acciones inmediatas y mayor transparencia en la gestión de los puertos concesionados.
Las organizaciones firmantes, entre ellas la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara de Exportadores de la República Argentina y la Cámara de Importadores de la República Argentina, manifestaron su preocupación por el aumento sostenido de los costos portuarios, la falta de competencia y la opacidad en los niveles de productividad.
"Nos enfrentamos a un escenario de alta concentración en la integración ‘Terminal Portuaria - Línea Naviera', lo que limita la competitividad y afecta a todos los dadores de carga del país", señalaron en la misiva.
Entre las demandas más destacadas, las cámaras solicitaron:
Retrotraer las tarifas portuarias al nivel de diciembre de 2022, con exigencias de auditorías e informes que justifiquen cualquier modificación futura.Eliminar el cobro del THC (Terminal Handling Charge) por duplicidad con otros cargos abonados a las líneas navieras.Auditar públicamente los niveles de productividad de las terminales concesionadas y garantizar la transparencia de estos datos en tiempo real.Suprimir cargos obsoletos, como las tasas vinculadas a infraestructuras amortizadas o el recargo por contenedores de 40 pies, ampliamente utilizados en el comercio internacional.Reestructurar los pliegos de licitación, con participación activa del Consejo de Cargadores Ampliado, para adecuarlos a las nuevas necesidades logísticas.
Los empresarios también cuestionaron la falta de inversiones significativas en los puertos durante la última década y advirtieron sobre prácticas que, según indican, "actúan como un ancla para la competitividad del comercio exterior argentino".
Además, solicitaron la creación de una mesa de trabajo pública para consensuar la estructura portuaria que necesita el país, donde los exportadores e importadores tengan un rol central como usuarios finales.
