La presencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) será la novedad del plenario de cinco comisiones que retomará hoy la discusión en el Senado del proyecto de modificación de la ley de abastecimiento, a la que también concurrirán entidades de defensa de usuarios y consumidores para dar su opinión sobre la iniciativa.
Rechazado por una amplia mayoría de las centrales fabriles y empresarias y por todo el arco opositor, el oficialismo se dispone a emitir dictamen al proyecto una vez concluidas las exposiciones, que empezarán a las 13. La intención del kirchnerismo es dejar la iniciativa lista para su debate en el recinto la semana próxima.
Salvo alguna orden de último momento, no se preveían grandes cambios al texto remitido por el Poder Ejecutivo. Los senadores oficialistas sólo tenían hasta ayer el visto bueno del secretario de Comercio, Augusto Costa, para aclarar que las facultades de intervención estatal no alcanzarán a las pequeñas y medianas empresas.
Se espera que en su exposición ante los legisladores los representantes de la UIA, Daniel Funes de Rioja y Martín Etchegoyen, pidan la introducción de nuevos cambios. Uno de ellos sería la especificación en el texto del proyecto de "causales objetivas" que deberían cumplirse para que la Secretaría de Comercio pueda intervenir en el diseño de producción y formación de precios en un determinado sector del mercado.
El pedido es avalado por algunos senadores oficialistas. Pero un cambio de esas características va en contra del espíritu de la norma que pretende tener sancionada el Poder Ejecutivo, por lo que fuentes kirchneristas consideraron difícil que el reclamo pueda prosperar.
El Gobierno sostiene que la iniciativa tiende a "empoderar" a usuarios y consumidores ante los abusos de las grandes corporaciones económicas, y sostiene que centrar el debate en los cambios a la ley de abastecimiento, como lo han hecho empresarios y legisladores de la oposición, es una estrategia para distraer la atención ante lo que, según afirmó Costa, es una nueva ampliación de derechos reglamentada por la administración de Cristina Kirchner.
Quienes se oponen al proyecto señalan que las amplias facultades de intervención en el mercado que le otorga al Poder Ejecutivo desalentará la inversión y, por lo tanto, redundará en la pérdida de fuentes de trabajo.
Algunas centrales fabriles y profesionales, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Colegio Público de Abogados, advirtieron que la iniciativa podría ser tachada de inconstitucional, ya que avanza sobre el derecho de propiedad privada.
"El mismo gobierno que no puede controlar las fronteras quiere decir qué se compra, cómo se compra, a qué precio y cómo se paga. Es una ridiculez", agregó por su parte el radical Ernesto Sanz (Mendoza).
Para el senador y precandidato presidencial, "la propuesta espanta inversiones y demuele puestos de trabajo", tras lo cual dijo que el proyecto "no convence a los argentinos y crea desconfianza en el mundo".
Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) anunció ayer que el Frente Amplio Progresista tampoco acompañará la propuesta del Poder Ejecutivo.
Además de cambios a la ley de abastecimiento, en el plenario de hoy se discutirán y también obtendrán dictamen otros dos proyectos para crear un fuero judicial en Capital Federal para dirimir cuestiones de usuarios y consumidores. Las provincias que quieran tenerlo tendrán que adherir a la norma una vez sancionada, y un Observatorio de Precios, que también otorga amplias facultades a la Secretaría de Comercio para intervenir en la economía.
Además de más de veinte asociaciones de defensa de usuarios y consumidores, hoy desfilarán por el Salón Azul del Senado constitucionalistas, como Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra.
