En la provincia de Buenos Aires hay 97 tomas de tierras activas y judicializadas. Algunas ya tienen orden de desalojo. En otras hay negociaciones en curso entabladas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés "Cuervo" Larroque. En el resto, aún no se tomó ninguna decisión. Según los expedientes judiciales, la superficie usurpada es de unas mil hectáreas, distribuidas en 25 municipios del conurbano bonaerense y del interior de la provincia.
El municipio de Quilmes, ubicado en la zona Sur del Conurbano, con 20 usurpaciones, y Moreno, en el Oeste, con 19, tomas, ocupan los dos primeros lugares en la lista. Con siete hechos, sigue la localidad de Ramallo. En cuarto puesto, y con seis usurpaciones se posiciona La Matanza, el distrito más populoso de la provincia. En Pergamino, Chacabuco y Necochea hay por el momento cuatro tomas en cada una de esas localidades.
El mapa de las tomas que de manera exclusiva publica Infobae está basado en la información oficial que las intendencias le suministraron al gobierno de Axel Kicillof. Los datos corresponden solo a las usurpaciones que tienen abierto expedientes en los tribunales. 39 de esas tomas fueron iniciadas a partir de noviembre de 2019 y se extienden hasta el 7 del mismo mes de 2020; las otras 58 ya tienen más de un año sin resolución porque las tierras fueron tomadas antes del mes de noviembre del año pasado.
En estos momentos, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se trabaja en unificar un registro único que contenga la información sobre cada una de las usurpaciones, tanto de las judicializadas como las que aún no fueron denunciadas y de las que no hay datos precisos, pero sobre las cuales los alcaldes suelen trabajar de manera directa para evitar que el conflicto se extienda.
Ocurrió, por ejemplo, en La Matanza, cuando el intendente Fernando Espinoza debió intervenir de manera personal para evitar una escalada mayor en la ciudad de San Justo, en la zona aledaña al Club Social y Deportivo Liniers, lugar donde los vecinos se habían reunido para definir los pasos a seguir para detener un intento de toma de tierras que ellos mismos habían detectado.
Pero todo se desmadró cuando los usurpadores comenzaron a agredir a los vecinos, que reaccionaron a los piedrazos e insultos. En medio de los enfrentamientos, varios móviles policiales se acercaron al lugar y comenzaron a disparar balas de goma al aire para despejar la zona. Las agresiones continuaron y hubo algunos heridos leves y finalmente la intervención del municipio, que prometió soluciones habitacionales.
Hechos como este ocurren todas las semanas en la provincia y no forman parte del registro de las 97 tomas porque no llegan a manos de un fiscal.
Desde la gobernación bonaerense entienden que "al pasar gran parte de la información por los municipios, por momentos es dispar la forma de intervención para solucionar los conflictos". Por eso se formó una mesa de trabajo entre el ministerio de Larroque, la Unidad Provincial de Tierras y la ministra de Gobierno, Teresa García, con el objetivo de "unificar los criterios y recabar información propia" porque entienden que en algunos casos los intendentes "no aportan la información de la misma manera o con la misma precisión".
Según el relevamiento en manos de Larroque, las tomas judicializadas se completa con el siguiente cuadro: tres tomas en los distritos de Escobar, Campana, Luján y La Plata. En el Barrio de Los Hornos de la capital provincial se concentra la mayor cantidad de predios tomados, ya que superan las 100 hectáreas.
En los municipios de Pilar, José C. Paz, Cañuelas Chivilcoy, Bahía Blanca y Lobos, hay dos tomas por localidad.
El mapa se completa con una toma en cada una de las siguientes localidades: Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Navarro, Magdalena, Chascomús, Dolores, Mar Chiquita y San Vicente.
En el cálculo no están contabilizadas las últimas tomas que fueron desalojadas hace menos de un mes, como el predio de cinco hectáreas que había sido ocupado por unas 60 familias en Escobar; las 20 hectáreas que otras 300 familias ocuparon en Rafael Castillo y terminó en un violento desalojo ordenado por la Justicia; o la relocalización por parte del municipio de las 130 familias que usurpaban tierras en el denominado asentamiento "La Bibiana" en Moreno, solo por dar algunos ejemplos de las usurpaciones a las que se le puso fin después de la intervención policial sobre las más de 100 hectáreas del predio usurpado en Guernica el 29 de octubre pasado.
Las reubicaciones alcanzadas en Moreno, distrito a cargo de Mariel Fernández, una dirigente del Movimiento Evita, parece ser un modelo a imitar ya que se evitaron al menos otras 120 tomas que estaban por producirse solo en ese municipio, que hoy cuenta con 19 usurpaciones judicializadas.
El resultado del desalojo voluntario en La Bibiana se logró a través de una mesa técnica, compuesta por el gobierno local, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 -que ya había emitido la orden de desalojo-, la Defensoría General, la Asesoría Tutelar, la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.
Es el mismo método que empleó el ministro Larroque en Guernica, pero que funcionó a medias, ya que aproximadamente 800 familias de las 1900 que componían la usurpación aceptaron ser trasladadas o aceptaron algún tipo de subsidio para soluciones habitacionales. El resto, impulsados por algunos partidos de izquierda, decidieron resistir el desalojo encabezado por el ministro de Seguridad Sergio Berni y unos 4.000 efectivos policiales.
Las tareas encomendadas por Kicillof a Larroque y a Teresa García apuntan a evitar nuevos desalojos violentos. Por ese motivo el gobernador bonaerense creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, que funcionará bajo la órbita del ministerio de Gobierno y cuyo objetivo es resolver el problema habitacional que se profundizó durante los últimos años con el crecimiento de la población en la provincia y el cese de construcción de complejos habitacionales para las familias más vulnerables.
Con el mismo objetivo, Kicillof habilitó el registro de tierras que se sumó a un plan de construcción de viviendas y delimitación de lotes que se está realizando con la colaboración de los intendentes para, según las palabras del mandatario provincial, "la regularización de las tierras públicas y privadas para ordenar situaciones irregulares y permitir la construcción de viviendas y la producción de lotes con servicios".
Según pudo saber Infobae por fuentes de la gobernación, "en los últimos cuatro años (gobernación de María Eugenia Vidal), se construyeron 2.000 viviendas; mientras que en los años anteriores (gobernación de Daniel Scioli) se venía construyendo a un ritmo de 9.000 viviendas anuales".
Por el momento, y pandemia de por medio, la construcción de viviendas sociales está prácticamente paralizada. Sin embargo, desde el entorno de Axel Kicillof, confían que con la llegada de Jorge Ferraresi al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en lugar de María Eugenia Bielsa, esta situación cambiará. El flamante funcionario nacional era hasta el viernes intendente de Avellaneda, es un hombre de estrecha confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al igual que el mandatario provincial, y conoce en detalle la problemática habitacional que existe y el coctel explosivo que significan las tomas de tierras en el conurbano, máxime cuando faltan pocos días para el mes de diciembre.
Por Andrés Klipphan
