Camioneros

El Gobierno tiene en juego 51 millones de dólares por el paro de transporte en Quequén

Los camiones impidieron esta semana exportar granos desde el puerto y demoraron el embarque de 180 millones de dólares por retenciones. Los administradores presentaron una denuncia y los transportistas aceptaron liberar las rutas para negociar el martes, cuando esperan cerrar el conflicto.

21 Jul 2013

Por el paro de transportistas 22 buques no pueden aún cargar granos por 180 millones de dólares desde el puerto de Quequén, lo que representa más de 51 millones de dólares en retenciones para el Gobierno Nacional.

 

La cifra fue confirmada a LPO por fuentes del Consorcio portuario y consta en las planillas con los embarques atrasados a las que tuvo acceso este medio, con los datos de los cargamentos que debían cargarse en barcos exportadores que no pudieron cargar mercadería en estas dos semanas.

 

“Sólo pudimos despachar el buque Efraima con 19 mil toneladas de maíz y el carguero Fyla con 11 mil toneladas de soja hacia Taiwán”, aseguró a LPO una fuente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén (CGPQ), que maneja la terminal marítima. “La mayoría de los granos y cereales vienen en camión desde la sede de Cargill en la ruta 227, en las afueras de Quequén, pero hace dos semanas que no entra ninguno al puerto”, afirmaron.

 

Por la noche la Agencia Provincial de Transporte de la provincia que preside Javier Mazza informaron que lograron levantar el paro de los transportistas hasta el martes, cuando se sentarán a negociar.

 

“En este momento se están levantando la totalidad de los cortes de las rutas afectadas y seguimos en diálogo permanente con las partes para avanzar en la instancia de mediación que abriremos el próximo martes con el acuerdo de las partes” explicó Mazza.

 

Pero desde el puerto señalaron a LPO que la mercadería no llegó, los barcos siguen demorados y pierden pierden entre 50 y 70 mil dólares por día no trabajado. "Hasta ahora sólo tenemos la noticia de que hay tregua hasta el martes", señalaron.

 

El paro trajo como principal problema la falta de abastecimiento de mercadería a la región. Pero en Quequén los números causaron desesperación.

 

De un total de 24 buques exportadores de productos agropecuarios con un valor total de 191.865.500 dólares, sólo se pudieron despachar dos, porque cargaban su mercadería en terminales operados por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) que tenía stock almacenado en los silos del puerto desde antes del comienzo del paro.

 

Por estas dos exportaciones sólo ingresarán 3 millones a las arcas del Estado por las retenciones al maíz y al trigo, frente a los 51 millones que se hubiesen cobrado si los cargamentos hubiesen zarpado.

 

Fue por eso que el Consorcio del Puerto presentó una denuncia en la Fiscalía Federal contra la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADE) y la Asociación de Transportistas de Cereales Oleaginosas y Afines (ATCOA), que agrupan a los camioneros que bloquean el acceso a la ciudad.

 

El Consorcio los acusó de generar un “desabastecimiento de combustibles, medicamentos y alimentos, que coloca en una situación de emergencia a toda la comunidad” y de violar las garantías de “libre circulación y seguridad de las personas”.

 

“Nadie había tomado una decisión de este tipo hasta ahora, somos los primeros en hacerlo”, aseguró una fuente del CGPQ. “Esperamos que haya novedades en las próximas horas, pero somos conscientes de que el juez quiere tomar una decisión que sea el mal menor: no puede desalojar la ruta por la fuerza porque suma al problema”, agregó.

 

Ayer algunos camiones comenzaron a ingresar a la ciudad para aliviar la emergencia de aprovisionamiento, que ya había disparado alarmas principalmente por la falta de alimentos y combustibles. En muchas estaciones de servicios de la ciudad, los autos formaban varias colas de cuadra para conseguir nafta y gasoil.

 

Mientras tanto, se espera que para el martes que viene se concrete una reunión en el Ministerio de Trabajo con los transportistas, que exigen un aumento mínimo del 30% en los cuadros tarifarios y el costo del flete.

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