Esa firma es controlada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidad que representa al agro, que tiene el 50% de las acciones. Pero el management lo ejercen dos sociedades de excelente llegada a la Casa Rosada, Fénix Entertainment Group (25%) y la operadora de shoppings Alto Palermo Centros Comerciales, del grupo IRSA (25%).
La concesionaria, La Rural SA, es la que explota el negocio de alquiler de las instalaciones para ferias, exposiciones, conferencias y otros eventos que se desarrollan en el predio.
Paradójicamente, uno de sus socios, la Sociedad Rural, dueña del predio expropiado, presentará la semana próxima un recurso de amparo en la Justicia, contra ese decreto, según confirmó ayer a LA NACION su presidente, Luis Miguel Etchevehere. Ello podría terminar en una medida cautelar que frene la estatización.
Mientras tanto, el Gobierno no alteraría la concesión del usufructo, lo cual beneficiaría a todos los socios de La Rural SA, incluidos Fénix e IRSA, afines a la Casa Rosada.
"No se afectará esa concesión. No se alterará el uso, aunque el decreto de restitución del predio deja la puerta abierta", dijo a LA NACION un alto funcionario oficial. Un allegado al jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en cambio, señaló: "No lo sé con precisión, pero supongo que la concesión quedaría anulada".
Este asunto será el tema por resolver en los próximos días.
Entre tanto, unos 30 miembros de la agrupación kirchnerista Movimiento Barrios K festejó ayer frente al predio de Palermo con panfletos que decían "para el pueblo lo que es del pueblo" y "ya tenemos la ley de medios, recuperamos la Fragata y ahora La Rural".
Pero en el Gobierno temen ahora que la estatización, anunciada el jueves último a las apuradas, en medio de saqueos a supermercados en distintos puntos del país, termine en otro enredo político y en una seguidilla de conflictos judiciales.
"Cuando la SRA demande al Estado, cualquier juez de primera instancia otorgará una cautelar que frenará el proceso y volvemos a empezar con la historia de las cautelares como con Clarín", dijo a LA NACION un funcionario de primera línea.
Se refería al conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín, al cual la Presidenta no pudo aún obligar a vender sus licencias excedentes del cupo que fija la ley de medios, ni licitarlas, precisamente porque el multimedios está amparado por una medida cautelar.
"La Sociedad Rural puede elegir cualquier fuero para plantear una declaración de nulidad del decreto de restitución, con una cautelar. Esperemos que no sea en la Cámara Civil y Comercial", ironizó un alto funcionario. En ese fuero tramita la causa Clarín, en la que el Gobierno tuvo un serio traspié por no poder apurar el desmembramiento del multimedios.
Pero en el caso de la estatización del predio de La Rural, situado en Palermo, entre las avenidas Santa Fe, Sarmiento, Cerviño y Oro, el tema está teñido de otro tipo de sospechas.
En sectores políticos y empresarios consideran que el Gobierno podría articular nuevos negocios con empresarios afines, como Fénix e IRSA, que se incorporaron a La Rural SA hace menos de un mes,
"A partir de ahora, cuando La Rural SA haga un evento cobrará el dinero por el alquiler y a su vez tendrá que pagar un canon al Estado", confió a LA NACION una alta fuente oficial.
De todos modos, el decreto 2552 dejó una puerta abierta también para anular la concesión de La Rural SA como explotador. En principio, en el Gobierno aseguraron que se mantendrán la exposición ganadera, las ferias del libro, del automóvil, o del turismo, que ya están contratadas por La Rural SA y que se respetarían desde la Casa Rosada.
CUESTIONAMIENTO DE ABOGADOS
La agrupación Será Justicia denunció que se viola la Constitución
La agrupación de abogados Será Justicia denunció que la estatización del predio de Palermo de la Sociedad Rural "violenta groseramente derechos amparados por la Constitución", como el de propiedad y el de defensa en juicio. "Las presuntas irregularidades que aduce el Gobierno que habrían tenido lugar en el procedimiento de venta no habilitan al Ejecutivo a proceder de la manera en que lo hizo", añadió.
Según la entidad profesional, "la administración no puede revocar por sí misma un acto del que han nacido derechos para un particular, que además han venido sido pacíficamente ejercidos durante más de veinte años". Consideró, además, que la medida anunciada el jueves por la tarde "significa una severa involución en el Estado de Derecho" y la calificó como una "lisa y llana confiscación al derecho de propiedad"
