El titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, sostuvo ayer que "las empresas imputadas" de presunto desabastecimiento "vienen generando faltantes de productos desde el año pasado, un acto especulativo en contra del gobierno que termina siendo en contra de todos los consumidores y del país".
Bassano indicó que "la intencionalidad de algunas de estas empresas está relacionada con la exportación y, por otro lado, con la intencionalidad del incremento del precio interno de sus productos".
El responsable de Adduc consideró que "ninguna de las razones que presentaron estas firmas sobre estructuras de costos son valederas, porque en ningún momento del año pasado hubo incrementos y podrían haberse mantenido los alimentos en los mismos precios del 2019".
"Muchos de los productos fabricados no tienen injerencia en dólares", por lo que "todos los incrementos habidos y por haber son especulativos", agregó, en declaraciones a radio Télam.
En este sentido, el dirigente afirmó que "en el 2020 la mayoría de los consumidores menguamos nuestros ingresos y aportamos para sostener el aislamiento social en el contexto de la pandemia, mientras estas compañías no colaboran".
Por último, opinó que "después del diálogo, si no se da cumplimiento a las normas, hay que aplicarlas", ya que "el artículo 42 de la Constitución obliga al Estado a la protección económica del consumidor".
El último miércoles, la Secretaría de Comercio Interior imputó a las firmas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian al advertir retenciones en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.
La acción se realizó "luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020", informó Comercio Interior en un comunicado.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó ayer que "no hay prepotencia, sino aplicación de la ley" respecto de las empresas imputadas.
"Nadie se puede sentir ofendido porque apliquemos la ley para cuidar la mesa de los argentinos. No hay ningún método prepotente, aplicamos la ley. Algunos se sintieron ofendidos, pero no hay nada más que la aplicación de la ley y está demostrado que había productos donde había desabastecimiento", dijo el funcionario en declaraciones a radio El Destape.
