El anuncio fue realizado a este diario por el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Juan José Bertero, quien además precisó que la demora en iniciar los trabajos obedece al tiempo que requiere el traslado de la maquinaria específica para las tareas a las zonas de conflicto.
A pesar de la advertencia emanada desde el mismo organismo provincial a principios de este mes, que tenía como destinatarios a los jefes comunales y los directores regionales de la DPV, productores de algunas localidades del sur provincial, como Colonia Belgrano, San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, El Trébol, Los Cardos y de algunas comprendidas en la traza de la ruta 90, entre otras, desoyeron la decisión oficial y no levantaron los cultivos.
Ahora quedarán sujetos a las sanciones que disponga la DPV y al pago de los gastos que ocasione la destrucción de los cultivos ilegales. "Marcamos un plazo y transcurrido el mismo nos dispusimos a destruir los sembrados. Comenzamos por localidades comprendidas sobre la ruta provincial 90 y la semana próxima trabajaremos en la zona de la ruta 13", indicó Bertero.
El funcionario aseguró que "según una evaluación interna bajó mucho la cantidad de cultivos en zonas de camino desde que se sancionó la normativa que lo prohíbe" y precisó que "la mayor cantidad de sembrados en zonas prohibidas se observa hacia el sur de la provincia y por tramos. Ya no es una constante como ocurría en años anteriores".
Para Bertero la acción de segar los cultivos, en esta época mayoritariamente de soja, tendrá un efecto aleccionador. "Somos todos hijos del rigor y en la medida en que se aplique la norma en vigencia se logrará que en las próximas campañas de siembra se respeten las zonas de camino", vaticinó.
Cumplir la ley
"Este año todos estaban advertidos sobre las consecuencias que tendrían si sembraban en las banquinas. Lo hicieron porque pensaron que lo dejaríamos pasar, pero no. La ley se hizo para cumplirla", indicó.
Bertero ahondó en detalles y sostuvo que "diariamente está atendiendo audiencias por este tema, pero fuimos demasiado claros y comunicamos las medidas prohibitivas. Hace 15 días reiteramos la decisión tomada a través de los jefes comunales y ahora salimos a destruir los cultivos. El que quiera resistirse a esto tendrá que afrontar las consecuencias e incluso dar explicaciones ante la Justicia, en caso de ser necesario".
Personalmente
Del caso de los sembrados en el departamento San Martín se ocupó personalmente el asistente técnico de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, Luciano Caturelli, quien les transmitió a los jefes comunales sobre el tema y les pidió "que notificaran con aviso de retorno a cada productor".
El funcionario aseguró que recorrió cada sembrado en zonas de caminos del departamento y se preguntó adónde iba ese dinero desembrados en suelos de uso público. "Quiero saber si van al bolsillo de un particular o al patrimonio de comunas. En este caso cómo se blanquea su ingreso. El que lo siembra tiene autorización escrita. Los jueces de la zona no vieron crecer la soja", se cuestionó.
También precisó que en el caso de la ruta 13, sobre la mano sur-norte, "sembraron sobre las vías del ferrocarril. Sobre esto caben dos preguntas. Nadie vio cuando sacaban los durmientes y los rieles y a nadie le sonó raro ver una sembradora en lugar de un tren. Nos pusimos a trabajar sobre esto junto al administrador de Vialidad y seguiremos profundizando porque los terrenos provinciales no están para que ningún vivo gane dinero", concluyó.
La resolución del Comité Interministerial de Salud Ambiental 508/2012 prohíbe la utilización con fines agrícolas de la zona de caminos (de alambrado a alambrado) de las rutas provinciales. La norma otorga potestad a la DPV para destruir por su cuenta los sembrados irregulares de las zonas de seguridad vial de las rutas.
