El desconocimiento acerca de su uso y consecuencias hace que se tome posición fácilmente de un lado u otro, sumado a las campañas en pro y en contra de estos productos. Esto es natural en la opinión pública, pero no debería ser así para quienes tienen en sus manos la legislación sobre este tema. Muchos legisladores, lamentablemente, también pecan de ignorancia y esto se refleja en las medidas que se toman sobre la aplicación de agroquímicos en algunas provincias.
Se están presentando proyectos que carecen de fundamentos científicos, donde se pretende desde prohibir las aplicaciones aéreas en toda la superficie de una provincia hasta restringir a 5000 metros las aplicaciones terrestres, ambas situaciones exageradas en su propia concepción ya que en regiones como la Unión Europea se establecen distancias de 5 a 50m
Los especialistas en el tema señalan que, en materia de agroquímicos, no hay que ser extremistas. Es decir, los productos no son totalmente inocuos, pero tampoco son venenosos. La realidad es que la agricultura actual no es viable sin agroquímicos. Es más, gracias a la tecnología de los agroquímicos se consiguió aumentar la producción mundial de cereales 13 veces en las últimas décadas.
La realidad es que hace falta una ley nacional que regule tanto las distancias de aplicación, como las certificaciones y capacitaciones de los operarios y que establezca una serie de buenas prácticas de fácil adopción que tengan en cuenta los peligros de la manipulación de los agroquímicos. La legislación también debería incluir un programa de difusión de información para desmitificar ciertos productos como el glifosato que tienen una concepción popular muy negativa cuando en sí no son productos que revistan gravedad en situaciones normales.
¿Le interesa a alguien?
Durante una entrevista con Chacra el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, se mostró esquivo ante la idea de una Ley de Agroquímicos, y puso el foco en la Ley de Semillas porque “falta el último capítulo que corresponde al banco de semillas, en el cual estará toda la genética producida en el país”. También mencionó que tienen en la agenda el tratamiento de la Ley de Arrendamientos, lo cual indica claramente que desde el Frente para la Victoria la discusión sobre agroquímicos no es prioritaria, aunque dejó abierta una posibilidad de acompañar algún proyecto de otro espacio político.
A su vez, el diputado Luis Basterra (FPV), presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, afirmó que el tema está vigente en la Cámara Baja pero que “es necesario lograr una buena ley que certifique la seguridad e inocuidad de las prácticas dentro de un marco normativo adecuado que garantice la seguridad jurídica”.
Si bien desde el INTA se muestran interesados en acompañar un proyecto de ley en este sentido, su presidente, Ing. Carlos Casamiquela, es muy cauto a la hora de definiciones ya que está sujeto a la agenda parlamentaria. Por estas razones el instituto ya viene trabajando directamente con municipios con el desarrollo de una herramienta de software que permite controlar la deriva de las aplicaciones enviando constantemente los valores de la misma a un centro de monitoreo municipal donde especialistas en el tema auditan las aplicaciones.
¿Y las empresas?
Durante una entrevista con Chacra, Sergio Rodríguez, presidente de CASAFE,entidad que reúne a las empresas productoras y comercializadoras de agroquímicos, expresó la preocupación que tiene la entidad en este sentido ya que “existe una proliferación de proyectos sin respaldo técnico que establecen restricciones azarosas”.
Rodríguez destacó que están trabajando en el proyecto de una Ley Nacional de Fitosanitarios y por esta razón desde CASAFE realizaron estudios exhaustivos al respecto buscando una posición segura con el debido respaldo científico. Así fue que llegaron a resultados similares a los obtenidos en EEUU y la UE.
Pero en Argentina existe un obstáculo que complica la legislación: la regulación de la aplicación de agroquímicos es competencia provincial y municipal a la vez. Por esta razón se encuentran fuertes diferencias entre partidos vecinos que imponen las restricciones a su gusto dejando en algunos casos totalmente prohibidas las aplicaciones aéreas y llegando hasta 5000m de restricción en el caso de las pulverizaciones terrestres mientras que en países de la UE van de 5 a 50m y en EEUU se especifican en 10m.
¿Entonces?
Los temas controvertidos para la sociedad son esquivados ágilmente por los políticos, más aun en años electorales. Por eso es menester esperar pacientemente a que pase octubre, y poder encontrar luego un espacio para tratar una Ley Nacional que regule eficientemente el uso de fitosanitarios, en vez de perder directamente miles de hectáreas por un capricho ambientalista sin fundamento. Es necesario entender que los fitosanitarios de uso doméstico son mucho más peligrosos y nadie los cuestiona.