La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría ir presa, pero esto no sucederá el próximo miércoles 13 de abril a las 10 de la mañana, día y hora previstos para responder a la declaración indagatoria en la causa por la venta del dólar a futuro, por la que está sospechada de “administración fraudulenta” y “abuso de confianza”. A este juicio lo tramita Claudio Bonadío, el magistrado que fuera apartado del expediente Hotesur SA.
El expediente Hotesur era el que más preocupaba a Cristina antes del viernes pasado, cuando Leo Fariña prendió el ventilador y el fiscal Guillermo Marijuán decidió imputarla junto al ex superministro Julio de Vido, el financista Ernesto Clarens y el expresidente del Banco Nación, Juan Carlos Frábega.
Pero ahora los frentes judiciales abiertos contra la ex jefa de Estado son múltiples y no existe alrededor de Ella una estrategia clara sobre cómo defenderse para evitar ser procesada, detenida y eventualmente condenada por algunos de los delitos que se le imputan.
En las próximas horas se sabrá si la Cámara Federal porteña aceptará el nuevo pedido de recusación contra Bonadío en la causa “dólar futuro”. Si lo hace, Cristina Fernández no tendrá necesidad de presentarse a declarar. Pero si los camaristas rechazan el pedido y ratifican a Bonadío, la ex mandataria deberá comparecer a la hora que fue citada. Y si no se presenta, el juez la mandará a buscar por alguna de las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal o la Metropolitana.
El gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace días que prepara un protocolo especial para que la diligencia pedida por Bonadío pueda cumplirse y la convocatoria que prepara el Frente para la Victoria no se transforme en un escándalo ni se generen incidentes.
Bullrich ya recibió a integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el organismo encargado de la seguridad en Comodoro Py y el que asume el rol de Superintendencia. El encuentro lo pidió el máximo responsable, Alejandro Slokar, un adherente de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima. Fue para reclamar seguridad y protección a los jueces y fiscales que están imputando, procesando y ordenando medidas de prueba contra ex altos funcionarios del gobierno anterior.
“El primer objetivo para el próximo miércoles y para todo este abril caliente es la máxima seguridad para todos los que trabajan en Comodoro Py”, me dijo una alta fuente encargada de supervisar el operativo. Por eso, desde hoy, nadie podrá ingresar al edificio sin antes presentar una identificación personal y profesional. Además se preparó una entrada y una salida alternativas para secretarios, jueces y fiscales que podrían ser blancos de los ataques de algún descolgado o algún militante k que los considere “vendepatrias” o “destituyentes”.
La alta fuente explicó que al mismo tiempo están preparando un sistema para que durante el ingreso y la salida de Cristina Fernández no haya “desbordes”.
“Todavía no tenemos información sobre si ella, sus abogados o sus seguidores van a querer hablar con la prensa o no. Estamos tomando contacto con su gente para evaluar los distintos escenarios. Si decide no hablar invitaremos a la prensa a cubrir el hecho en un lugar seguro, con una tarima” agregó.
Por otra parte los responsables del ministerio de Bullrich preparan la “operativo para la manifestación”. Anticipan que “la seguridad será numerosa, pero discreta”.
“En este aspecto compartimos la responsabilidad con la Policía Metropolitana pero tenemos todo muy aceitado como para evitar desórdenes”, anticipó.
Bullrich y el nuevo jefe de la policía federal, Néstor Roncaglia están analizando si van a prohibir el estacionamiento de vehículos a partir de hoy mismo alrededor de Comodoro Py. “Sería una medida excepcional, para aislar el perímetro caliente”, especificó.
El gobierno nacional venía trabajando en los operativos alrededor de la citación de Cristina Fernández, pero la imputación de Marijuán “cambió drásticamente el cuadro de situación”. Ahora esperan que el equipo de custodia de la ex presidenta se comunique con ellos para “coordinar sus movimientos y evitar que pase un mal momento”. Todavía no lo han hecho, pero aguardan que los responsables, pertenecientes a la Policía Federal, lo informen cuánto antes.
Marijuán imputó a Cristina Fernández porque Fariña la mencionó como co-protagonista de un diálogo que habría mantenido con Lázaro Báez en su despacho de la quinta de Olivos. Según Fariña,Cristina le había preguntado a Lázaro si era verdad que se estaba quedando con dinero de Néstor, quien ya había fallecido, y que además estaba sacando la plata fuera del país.
De acuerdo al ex valijero, la jefa de Estado estaba furiosa y le había dicho a Lázaro que la delicada información la había obtenido de fuentes vinculadas a la embajada de los Estados Unidos. En el escrito de la indagatoria a Fariña, que está bajo secreto de sumario, Cristina Fernández no aparecería involucrada en la operatoria, sino preocupada por el destino del dinero. Incluso Farías la habría presentado como ajena a los detalles específicos de las maniobras, con las que declaró, se habrían trasladado, de manera ilícita, fuera de la Argentina, casi 100 millones de dólares.
De la imputación a la indagatoria de Marijuán habría entonces una distancia considerable. Pero la responsabilidad de la ex jefa de Estado aparecería mucho más clara en la causa Hotesur -que todavía está en el limbo, sin juez, aunque le podría tocar a Julián Ercolini- y también en la causa Los Sauces, ambas impulsadas por Margarita Stolbizer, la legisladora que más seriamente está trabajando para acusar a Cristina por corrupción y lavado.
Los que tuvieron acceso a los documentos del juicio que impulsó Bonadío hasta que le quitaron la causa, están seguros de que Hotesur SA se fundó para lavar dinero de los retornos que Lázaro le giró a Néstor y Cristina a través del pago de alquileres de las habitaciones del hotel Alto Calafate que no se ocuparon.
Y el lunes pasado Stolbizer presentó otra denuncia que se transformó en el expediente Los Sauces SA. Se trata de una operatoria similar a la de Hotesur. La única diferencia es que, en vez de pagar sobreprecios por alquileres de habitaciones del Alto Calafate, Lázaro y también Cristóbal López compraron y alquilaron propiedades a Cristina Fernández y Máximo Kirchner por valores superiores a los de mercado.
Los Sauces SA cayó, por sorteo, en el juzgado de Bonadío. Es la peor noticia que Cristina Fernández podía haber recibido. Pero no la única. Porque en un edificio de la Prefectura hay 30 cajas azules con decenas de documentos secuestrados por Bonadío en los allanamientos de junio del año pasado.
El juez nunca las pudo abrir ni investigar su contenido, como tampoco lo hizo su sucesor, Daniel Rafecas, quien las guardó bajo llave y jamás revisó nada. Sin embargo, de las actas que confeccionaron los investigadores de la policía metropolitana se puede inferir que se trata de información sensible y explosiva, como los balances de Hotesur, Los Sauces, Austral Construcciones, Oil combustibles, la empresa de Cristóbal, boletos de compra y venta y alquileres de propiedades y los detalles de la “contabilidad paralela” de Báez, alojados en un CPU, ubicado en un altillo de una oficina del rey de la obra pública, en Río Gallegos.
Los investigadores que los que estaban allanando pudieron abrir la computadora gracias a la ayuda de algunos empleados que le dijeron cómo hacerlo. Por todas estas evidencias Cristina podría ir presa, aunque no ahora. Y su futura situación procesal no dependería, ni siquiera, de la versión que pudiera dar un arrepentido como Fariña, evaluaron fuentes judiciales muy serias.
El Cronista Comercial
