Esta iniciativa cuenta con el respaldo de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy.
Tensión entre provincias productoras
El proyecto promovido por la Liga Bioenergética, una alianza de gobernadores y legisladores de las principales provincias productoras de biocombustibles, ha generado un fuerte conflicto. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que representa a los productores de biodiésel del centro del país, criticó duramente la propuesta, acusándola de beneficiar a grandes exportadores y perjudicar a las pymes que abastecen al mercado interno.
Críticas a la iniciativa
Entre las principales objeciones de la CEPREB se destaca que el proyecto no es desregulador, como afirman sus defensores, sino que añade regulaciones más complejas diseñadas a medida de grandes empresas. Además, cuestionan la falta de consenso y diálogo con las pymes, que representan el 65% de la producción de biodiésel destinada al corte obligatorio de gasoil.
La cámara también argumenta que el proyecto no fomentará nuevas inversiones, ya que solo redistribuiría la producción existente en favor de las grandes exportadoras, concentrando la producción en la provincia de Santa Fe. Adicionalmente, denuncian que el sistema de licitaciones propuesto favorecería a las empresas cercanas a los puertos, generando competencia desleal y condenando a la quiebra a las pymes de otras regiones.
Impacto en el mercado y los consumidores
CEPREB también advirtió que el proyecto podría derivar en mayores costos para los consumidores, al permitir que el precio final sea fijado por las ofertas más altas, lo que abriría la puerta a abusos de posición dominante y cartelización.
Llamado al Congreso
Ante este escenario, las pymes del biodiésel pidieron al Congreso que no avance con la aprobación de un proyecto que, según ellas, favorece a grandes corporaciones y atenta contra el desarrollo de las economías regionales. La entidad subrayó su compromiso con la industrialización de la biomasa, el desarrollo regional y el cuidado del medioambiente, pero insistió en que cualquier modificación legislativa debe respetar la seguridad jurídica y garantizar condiciones equitativas para todos los actores del sector.
En este contexto, las pymes reiteraron que la ley actual, vigente hasta 2030, es perfectible, pero que cualquier cambio debe realizarse de forma inclusiva y sin perjudicar a quienes invirtieron bajo el marco normativo existente.
