El Ministerio de Agricultura declaró la Emergencia Agropecuaria Nacional para las producciones de palta, frutilla y hortalizas de Tucumán, ante los daños ocasionados por las heladas extremas del año pasado y al déficit hídrico de los campos. La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial, entró en vigencia y se extenderá hasta el 5 de marzo de 2015, fecha de finalización del nuevo ciclo productivo para éstas explotaciones.
Según establece la normativa, los productores afectados deberán presentar un certificado que extiende la Dirección de Agricultura provincial. Mediante el documento, quedará registrado que los predios o producciones han sido perjudicados por los “fenómenos climáticos extraordinarios” y permitirá a los agricultores acogerse a los beneficios de la Ley 26.509.
Conforme con lo establecido en el artículo 8, la ley se aplica a sectores con pérdidas de más de más de un 50%. En estos casos locales, la caída de producción llegó hasta un 90%.
Los inscriptos gozarán de los beneficios impositivos y de créditos que surge de la reglamentación. Sin embargo, el subsecretario de Asuntos Agrarios y Alimentos de la provincia, Alvaro Simón Padrós, aclaró que ante la declaración de la norma, no más de un 25% del total de productores con dificultades se presenta a solicitar ese certificado. “Hay pocos pedidos de certificados de Emergencia. No es un trámite engorroso, pero no se supera ese promedio histórico”, afirmó el funcionario.
Beneficios
El artículo 22 de la norma dispone la asistencia financiera especial para productores damnificados, a través de las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas.
Plantea la postergación y renovación, en caso de que se solicite, de las obligaciones pendientes; la unificación de la deuda que mantenga el ruralista con la entidad financiera; y la entrega de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25%, en las zonas declaradas de emergencia agropecuaria, y en un 50 % en las zonas de desastre.
Otro beneficio es la suspensión de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la medida, hasta 90 días y/o ciclos productivos después de finalizado la Emergencia. Los procedimientos judiciales iniciados deben paralizarse hasta ese plazo fijado.
La Emergencia Agropecuaria también establece el apoyo técnico y financiero, con aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva.
Además, el artículo 23 incluye acciones especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos “existentes o a crearse”, cuyo vencimiento se extenderá hasta el próximo ciclo productivo; y eximir total o parcial los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales arrendados.
Sojeros, excluidos
En mayo, el ministro de Agricultura nacional, Carlos Casamiquela, anunció la medida nacional para las agroindustrias azucarera y citrícola, a raíz también de los efectos de la sequía y las intensas heladas del año pasado. Sumando la declaración para los productores palteros, de frutilla y de hortalizas, quedó pendiente la Emergencia para la producción de granos en el territorio tucumano.
“Preveíamos esta situación. Hemos sido los primeros en solicitarla; iniciamos los trámites en marzo, pero cuando vimos que la medida salió para caña de azúcar y citrus, estimamos quedar afuera del circuito. La única provincia productora de granos del NOA que no tiene la Emergencia es Tucumán. No tenemos explicación; no encontramos ningún argumento ante la resolución”, enfatizó ayer Sebastián Robles Terán, titular de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT).
El dirigente rural remarcó que el pedido sectorial, en caso de aprobarse en los próximos meses en la Comisión de Emergencia Nacional, tendría efectos impropios a las necesidades productivas. “Los beneficios de la ley serían extemporales, ya que entraríamos a otro ciclo”, manifestó.
“Es una incógnita lo qué pasó. Ahora veremos cómo encarar la campaña ante la incertidumbre que reina en el actual escenario económico”, añadió Robles Terán.
Ayer, Simón Padrós explicó que el cambio de ministro de Agricultura -de Norberto Yauhar aCarlos Casamiquela- frenó el tratamiento de la Emergencia para los cultivos de granos a nivel nacional.
Ante esa aclaración, el titular de la SRT dijo: “no entendemos el argumento de cambio de ministros, ya que la gestión se estableció en el ámbito institucional, por lo que queda constancia de todo trámite iniciado. Además, las otras actividades también lo hicieron previo al recambio”.
