Las protestas fueron convocadas por las organizaciones que desarrollan la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, que busca frenar la polémica normativa presentada por el gobierno de la expresidenta, Michelle Bachelet, y que ya fue tramitada en la Cámara de Diputados.
A fines de julio, la iniciativa fue aprobada también en la Comisión de Agricultura del Senado y ahora debe ser vista en la sala de la Cámara Alta.
El integrante de la organización Chile Sin Transgénicos, Iván Santandreu, afirmó que la normativa concentra la propiedad de las semillas en manos de unas pocas empresas multinacionales.
“Esta medida no contribuye en nada a la innovación y al bienestar de los pequeños agricultores. Finalmente, lo que hace es poner en riesgo la soberanía y la autonomía alimentaria de un país, haciéndola depender de grandes corporaciones”.
De acuerdo al activista, la aprobación de la norma generaría un escenario similar al que ocurre con la industria farmacéutica: “Hace no mucho tiempo había muchas farmacias distintas y hoy el mercado está concentrado en tres grandes cadenas. Es lo mismo que va a pasar con el mercado de las semillas”, aseguró.
Por su parte, la consejera nacional indígena en la región de Los Lagos, Claudia Pailef, realizó un llamado a la ciudadanía, especialmente las comunidades campesinas e indígenas de la zona, a evaluar la actuación de los parlamentarios.
Consideró que en el Parlamento se continúa vulnerando los derechos de las comunidades rurales e indígenas del país, y en especial de esta zona, al dar luz verde a un proyecto que pone en serio riesgo la soberanía alimenticia nacional.
Según Pailalef, la promulgación de la Ley Monsanto traerá consigo la monopolización de la utilización de la semilla vegetal, e incluso la nativa, dando paso con ello al ingreso de procesos transgénicos en el tratamiento de las mismas.
Desde los organismos que rechazan la aprobación de la ley de Obtentores vegetales se señala que existe información confusa al respecto, sobre todo en cuanto a la semilla nativa.
En este sentido, Haroldo Salvo-Garrido, director del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, CGNA, sostuvo en reunión con la comisión de agricultura del Senado que la ley no contempla la utilización de la transgenia, sino que establece un marco de protección en torno a los derechos intelectuales sobre la creación y producción de variedades nuevas.
Sin embargo, este argumento es replicado por las organizaciones campesinas, indígenas y académicas que se oponen a la promulgación de la ley, pues con ello aseguran que impedirá el guardado de semillas y se aumentará el tiempo de vigencia de los derechos y garantía de empresas transnacionales que vendan variedades vegetales híbridas y transgénicas en Chile.
Esto porque se establecerá un pago al productor, denominado “derecho de obtentor” para utilizar las semillas manipuladas genéticamente.
Se espera que el proyecto de ley sea visto en los próximos días en la sala del Senado, ocasión en la cual las organizaciones opositoras se harán presentes nuevamente para manifestar su rechazo.
Monsanto estuvo involucrada en la creación de la primera bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial y operó una planta nuclear en la década de los ochenta para el Gobierno estadounidense.
En 1944, la polémica transnacional inició con la creación de DDT, un pesticida que después se prohibió en Hungría en 1968, Noruega y Suecia en 1970, Estados Unidos en 1972. Durante la Convención de Estocolmo en el 2004 se prohibió su uso general, ya que se acumula en tejidos grasos y en la leche y causa daños irreparables en los riñones e hígado.
