En los próximos días el gobierno tomará una serie de medidas para evitar una maniobra irregular que perjudicó al Estado en unos US$ 40 millones solo en el primer bimestre y que amenazó con generar conflictos con algunos mercados de exportación. Se trata de la venta de harina de soja mezclada con un pequeño porcentaje de maíz, de modo tal de declarar ese embarque como un "alimento para animales" y así permitir que el exportador eluda las retenciones.
Algunas de estas operaciones dolosas venían produciéndose desde hace tiempo, porque la harina de soja (el principal producto de exportación de la Argentina) siempre tributó más retenciones que el alimento balanceado. Pero la situación se agravó mucho desde la devaluación y el quite de retenciones de diciembre de 2015, ya que mientras al principal derivado de la molienda de soja se le sigue aplicando un derecho de exportación del 27%, para las plemezclas más elaboradas ese tributo se redujo a 0%. Para algunos empresarios, la tentación de engañar al Estado se hizo inmensa.
El problema se produjo cuando a partir de quejas europeas, las autoridades comprobaron que algunos de los cargamentos declarados en las posiciones 2309.9010 y 2309.9090, referidas a las "preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales", habían sidoelaboradas con 90 o 95% de harina de soja y solamente un 5% de maíz partido. Clásica chantada argentina: ese producto estaba lejos de ser una “premezcla” pero había sido declarado como tal.
A fines del año pasado, ya habían llegado a las autoridades argentinas quejas de FEDIOL y COCERAL, dos entidades que representan a los traders de la Unión Europea, advirtiendo que la maniobra constituía una clara “competencia desleal”. Algunos exportadores declaraban estar exportando “material para pienso”, cuando en realidad era harina de soja. Con esa maniobra no solo se ahorraban las retenciones. También perjudicaban a los europeos, pues los balanceados no tienen un “precio de referencia” y por eso podrían haber declarado valores inferiores al precio real de mercado.
Al menos hay dos empresas identificadas por las autoridades como responsables. Según pudo saber Clarín, se investiga por lo menos un embarque de la firma Alimentos y Forrajes concretado en setiembre de 2015, y otro de Viluco de febrero pasado. La primera es una sospechosa firma con un solo empleado, que estaría vinculada a los corredores Díaz Riganti. La segunda pertenece al grupo tucumano Lucci, que en 2010 levantó una planta para moler soja en Santiago del Estero.
Para desbaratar maniobras de este tipo -que también fueron denunciadas desde Perú y Chile-, en febrero pasado el Gobierno hizo una serie de retoques a las retenciones, elevándolas de 0 a 27% para las posiciones cuestionadas. Pero como aquella medida provocó un daño a las empresas productoras de alimentos balanceados que hacían bien las cosas, ahora se buscará una solución definitiva, que establezca retenciones intermedias del 0%, del 20% y del 27% para los diferentes productos. Además se comenzará a controlar las exportaciones de ese rubro según su contenido de proteinas, para evitar justamente que lo que se venda tenga proporciones muy elevadas de harina de soja.
Matías Longoni
