Finaliza un ciclo en el que continuaron las intervenciones del Estado, la presión impositiva, los costos crecientes por la inflación y la falta de diálogo entre Gobierno y producción, que realizó medidas de fuerza; el clima tampoco ayudó
El deseo del Papa Benedicto XVI de dejar atrás un año para el olvido parece ser el mismo que tiene el sector agropecuario argentino, que terminó un 2012 decididamente negativo, ajustado y complicado.
Llegaron, de arrastre, la intervención del Estado en los mercados, los costos crecientes, la inflación, la presión impositiva (con retenciones incluidas) y la falta de diálogo de la producción con el Gobierno. Para colmo este año hubo sequía primero e inundaciones después.
El ánimo del sector productivo, que llevó adelante medidas de fuerza, tendría que ser todo lo contrario. Es que el campo invirtió 236.317 millones de pesos en mayor superficie agrícola cultivada y en inversiones en insumos.
En agricultura, la siembra de trigo fue la más baja en los últimos 100 años; se perdió la posibilidad de aumentar maíz, y se va a cultivar más soja, afectando la normal rotación de los cultivos.
La ganadería de carne sufrió una caída de precios en términos nominales y reales y aumento de costos, sobre todo en invernada. También en carnes, la Argentina tendrá las exportaciones más bajas de los últimos 50 años.
En la lechería, los tamberos siguieron percibiendo los mismos precios del año anterior, pero con un aumento de costos en los insumos del orden del 25 por ciento. La crisis se tradujo en toma de plantas. Lo positivo fue que la industria pudo mantener los niveles de exportación a pesar de la caída de precios del mercado internacional.
Muchas economías regionales cerraron un mal año económico como consecuencia del incremento en los costos y la falta de competitividad para exportar.
A todo eso se le sumaron las contingencias climáticas como en una feroz sequía de la campaña 2011/12 primero y una devastadora inundación después, en el ciclo 2012/13, que afectaron las actividades agrícolas y ganaderas de carne y leche.
En ese sentido hubo 14.000 millones de pesos de pérdidas sólo en la provincia de Buenos Aires, según cifras de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Y el año termina sin diálogo entre el Gobierno y las entidades agropecuarias y con nuevos conflictos. La expropiación del predio que la Sociedad Rural Argentina (SRA) tiene en Palermo y la resolución 3418, que anula una norma que otorgó en 2003 a la FAA la potestad de comercializar los certificados de acopio, son medidas en cuya lectura el sector ve un revanchismo por el revés con la resolución 125 del año 2008.
También a principios de año el Gobierno tomó el control del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre), organismo de la seguridad social de los trabajadores rurales, que estaba dirigido por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Afines (Uatre), conducida por Gerónimo Venegas, dirigente de buena llegada a la Comisión de Enlace.
El malhumor acumulado desembocó el miércoles último en un nuevo paro ganadero (ya había habido otro en mayo por el aumento en el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires y bloqueos de usinas lácteas en agosto por tamberos que reclamaban una recomposición del precio de la leche), que si bien duró 24 horas, dejó una clara señal de que la relación campo-Gobierno sigue empeorando.
Testimonios
Para el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, "el Gobierno continúa aplicando una política de cupos a las ventas externas y de ROE (Registros de Operaciones de Exportación) que frenan el verdadero potencial del campo para generar desarrollo y proveer tanto al mercado interno como al externo".
Además, el dirigente insistió en la injusticia de las retenciones, "que se aplican así el productor gane o pierda; además, muchos productores que están con sus campos inundados, están recibiendo las boletas del impuesto inmobiliario rural con exorbitantes aumentos, que exceden en muchos casos la capacidad de pago de las explotaciones".
En otro orden, Etchevehere recalcó: "Volvimos a incumplir la cuota Hilton (cortes de alta calidad y valor), una muestra de la desacertada política de carnes que nos hizo perder mercados internacionales, impulsó el cierre de 125 frigoríficos dejando 12.000 trabajadores en la calle, con una caída del consumo interno de carne por habitante y un aumento del precio en el mostrador".
En tanto, Rubén Ferrero, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo que "este año se profundizó lo que viene sucediendo desde 2006: la intervención de la política oficial en la comercialización de granos, que implicó que se sucedieran millonarias transferencias de ingresos hacia otros eslabones de la cadena, alcanzando finalmente un estancamiento en la producción de cereales, principalmente en trigo".
Según Ferrero, los precios que reciben los productores por sus producciones están planchados y esta situación afecta sobre todo a las economías regionales.
Para el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, "todo estuvo signado por las malas políticas de un gobierno que elige intervenir a favor de sus empresarios amigos, y en detrimento de los pequeños y medianos productores".
