“No encuentro lógica alguna al aumento de los derechos de exportación del biodiesel en un momento muy difícil para esa industria: Perú acaba de aplicar una injusta sanción antidúmping y todavía se mantiene cerrado el mercado europeo”.
Así lo indicó Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, en referencia al incremento de la alícuota de la retención fijado para el presente mes de febrero por el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren (pasó de 1,62% en enero a 3,83%).
“Me resulta llamativo y sorprendente que el Ministerio de Energía y Minería acepte la contabilidad creativa que siempre aplicó la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, un organismo fantasma creado en agosto de 2012, del que no se sabe qué funcionarios del Ministerio de Hacienda, de Producción y de Energía lo componen, dónde funciona físicamente y cuales son sus teléfonos y correos para contactarlos”, señaló Molina.
La Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo fue un invento del ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno –avalado por Julio De Vido, Hernán Lorenzino y Débora Giorgi– para intervenir el mercado de biodiesel.
“Ese organismo es el que aún determina los precios del biodiesel y las alícuotas de derecho de exportación –las que son móviles según lo establecido por el decreto 1719/12– sin hacer pública sus decisiones instrumentadas en actas, las que no se publican en el Boletín Oficial, impidiendo así el acceso a la información pública, que es derecho constitucional”, explicó Molina.
“En el sitio del Ministerio de Energía no están a la vista los cálculos que la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo hace para variar las alícuotas de los derechos de exportación ni la forma en que se ajusta la fórmula prevista en el decreto 1719/12”, añadió.
