El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso advirtió sobre la posibilidad de ir a un paro nacional ante el incumplimiento del pago de un bono acordado en diciembre, y por la falta de avance de las negociaciones por la paritaria sectorial.
La medida afectaría a todo el circuito industrial aceitero y de biodiesel, con repercusiones significativas en el tránsito y la logística en el Gran Rosario.
"Denunciamos el grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras por varias empresas de la actividad. Advertimos que si continúan con estas medidas ilegales nos veremos obligados a ir a una huelga nacional para hacer valer nuestros derechos", expresaron en un comunicado oficial.
El gremio, que reúne a empresas aceiteras y de biodiésel de todo el país, denunció que "estas empresas, en violación a la legislación laboral, decidieron incumplir con los convenios colectivos y los acuerdos paritarios".
El conflicto incluye incumplimientos de convenios colectivos de trabajo, falta de pago de acuerdos paritarios y despidos arbitrarios.
Entre los casos más resonantes está el de la planta de biodiesel Explora, ubicada en Puerto General San Martín, donde cuatro trabajadores fueron despedidos bajo "causas falseadas", según denuncian en el comunicado.
Esta situación se produjo tras una retención de tareas llevada a cabo por los empleados para exigir el pago de una bonificación extraordinaria.
El sindicato, además, está en una negociación paritaria que se debería hacer cerrado en diciembre. "Vemos que las empresas no nos ofrecen un salario acorde a las necesidades de los trabajadores", afirmó Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros.
Otro de los puntos de tensión es Vicentín, la agroexportadora que continúa en conciliación obligatoria luego de no pagar el bono anual acordado en paritarias.
A esta situación se suma Renopack, que enfrenta conflictos similares en todas sus plantas. En el caso de Dánica, en la localidad bonaerense de Llavallol, la empresa decidió cerrar su planta en diciembre de 2024, dejando a todos sus trabajadores sin empleo. Sin embargo, tras negociaciones, se logró reabrir el área
de envasado con la reincorporación de 40 empleados que no aceptaron retiros voluntarios.
En Bahía Blanca, donde radica la empresa Viterra, ahora propiedad de Bunge, el panorama es similar: enfrenta acusaciones por intentar desconocer sistemáticamente los derechos laborales de sus empleados.
"La situación en Viterra se agrava con la militarización y el despido arbitrario de trabajadores huelguistas, lo que refleja una escalada preocupante en la violación de derechos laborales", agregó Yofra.
"Estamos dispuestos a dialogar, pero no a negociar nuestros derechos. Si las empresas persisten en esta postura de avasallamiento, tomaremos las medidas necesarias para defender a los trabajadores", concluyó el comunicado sindical.
