Un grupo de dirigentes y profesionales de distintas disciplinas realizaron hoy ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe una presentación de amicus curiae (amigo del tribunal) en el marco del avocamiento del expediente del concurso de la agroexportadora Vicentin, bajo el fundamento de que en el caso está en juego "el orden público" y que pretenden evitar el "vaciamiento" de la empresa.
El escrito lleva las firmas del dirigente rural Pedro Peretti; el ingeniero agrónomo José Catalano; el senador por la provincia de Buenos Aires Francisco Durañona; el abogado Carlos Vilas y el economista Horacio Rovelli, quienes buscan "exponer elementos jurídicos, sociales y económicos (...) que podrían resultar conducentes" para que la Corte adopte una resolución del caso.
El presidente del máximo tribunal santafesino, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto el 16 de junio último por el cual le pidió al juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, que le remita el expediente y suspendió los plazos del proceso.
Esa medida se dictó unos días antes de que Vicentin presentara las conformidades del concurso, con las mayorías exigidas por la ley tanto de personas como de capital.
En la presentación del amicus curiae -una figura que permite a un tercero solicitar participar de un proceso para aportar sus conocimientos y facilitar la tarea jurisdiccional-, los firmantes sostienen que "la tramitación del concurso preventivo de marras ha sido pletórica en irregularidades".
De ese modo, sostienen en la presentación a la que accedió Télam, "termina poniendo bajo amenaza la sostenibilidad social, ambiental, competitividad y transparencia del complejo agroindustrial exportador argentino".
El escrito se funda en que en el caso está en juego "el orden público" y no solo la continuidad de una empresa, atento a que "los temas ventilados afectan sensiblemente no a una empresa ni a un conjunto de acreedores, sino a toda un área vital de la economía argentina".
La presentación, realizada con el patrocinio del abogado Carlos Pieretti, detalla 34 eventos en los que el juez Lorenzini, según la mirada de los peticionantes, "resuelve contra derecho".
Entre ellos se destaca que el magistrado aceptó la presentación del concurso preventivo de Vicentin sin que la empresa presentara el último balance -algo que hizo recién nueve meses después-, las presuntas "maniobras fraudulentas" por la venta del 16% de las acciones de Renova a un socio 48 horas antes de declarar la cesación de pagos; y la propuesta "abusiva" y contraria a derecho realizada a los acreedores.
La presentación también cuestiona la intención de Vicentin de liquidar el 33% de acciones que aún conserva en Renova a manos de su socia Viterra (controlada por el grupo Glencore), con el presunto fin de utilizar esos recursos para pagar a los acreedores del concurso.
"Se está dirimiendo la apropiación dolosa, gratuita o a precio de remate, de activos nacionales construidos con el esfuerzo privado y público inter-generacional de los argentinos", dice el escrito presentado ante la Corte provincial.
"Todo en favor de una compañía transnacional suizo-británica con sede en una guarida fiscal, siguiendo su modus operandi internacionalmente conocido, el que le ha reportado múltiples denuncias y condenas en varios países del globo", agrega en relación a Glencore.
Además, los firmantes del planteo sostienen que "no estamos acá poniendo en entredicho el alcance de un fallo. Lo que está bajo análisis es todo el desempeño de un magistrado, que hace más de dos años que viene desplegando una conducta marginal a la ley".
Y ratifican la facultad de la Corte santafesina de intervenir en el concurso de la empresa, al señalar que "es palmario que el concurso de Vicentin atañe al interés público. Que su destino tendrá gravitación en el bienestar de todos los argentinos".
