El fiscal de delitos económicos de Rosario Miguel Moreno citó al presidente Alberto Fernández para que preste declaración testimonial en la causa por la que se investiga a la agroexportadora Vicentin por presunta estafa y defraudación.
La investigación que se lleva a cabo en los tribunales locales, y que la semana pasada sumó a los acreedores extranjeros, avanza y gana volumen. En el expediente, también fueron convocados la titular de la Inspectora General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), representantes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y los economistas que elaboraron un informe sobre la caída de la empresa de Avellaneda para el Banco Nación.
Moreno inició la investigación a partir de una denuncia presentada a mediados de julio por el abogado penalista Gustavo Feldman en la Fiscalía Regional de Rosario. El letrado señaló a La Capital que "el testimonio del presidente será crucial entonces para terminar de desentrañar uno de los aspectos sustanciales de todo plan estafatorio de Vicentin, la creación de sellos para facilitar la toma de deuda y de cereal sin pagarlo, sin intención de pagarlo nunca".
"Creemos fundadamente que la palabra presidencial corroborará lo que venimos sosteniendo desde hace meses en nuestra denuncia: lo de Vicentin no fue casual, no fue un descuido ni un infortunio", señaló el abogado y enfatizó que la caída de la empresa obedece a "otra cosa", y la fiscalía rosarina va en pos de averiguarlo".
La citación a Fernández había sido pedida por el abogado cuando presentó su denuncia. El fundamento es la información periodística sobre un comentario que realizó el presidente Alberto Fernández sobre la reunión que mantuvo en diciembre del año pasado con Sergio Nardelli, el fallecido ex CEO de Vicentin. Según el mandatario, el ejecutivo le describió entonces que el entramado de sociedades vinculadas a la empresa tenía como fin seguir tomando deuda.
Otras citaciones
El fiscal también citó a la Inspectora General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), María Victoria Stratta, quien presentó en el juzgado que lleva adelante el concurso demoledores escritos sobre el entramado societario del grupo, la enajenación de bienes de sus directores y los desmanejos de la conducción, ante el juzgado que lleva adelante el concurso de acreedores.
El listado de convocados incluye a los economistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, que elaboraron a pedido del Banco Nación el informe sobre el vaciamiento del grupo, y a los funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que realizaron una inspección en las oficinas de la empresa durante el breve período en el que pudieron ingresar los inspectores.
En la causa que lleva adelante la Justicia rosarina, el juez Nicolás Foppiani, dictó una medida que prohibe al grupo Vicentin modificar su masa societaria, es decir, desprenderse o transferir acciones. La cautelar es por todo el grupo económico.
En su denuncia, Feldman apuntó contra el directorio de la firma agroexportadora santafesina. Su presentación pedía que se determine si hubo un "esquema defraudatorio a gran escala" y un plan de vaciamiento. En ese expediente, ingresó un pedido de inhibición general de bienes de las empresas, directores y ejecutivos del grupo.
En la denuncia, recordó que la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe , por medio de distintos escritos, le manifestó al juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, que "se registraron como sociedades (creadas en 2014) tres entes denominados Vicentin Familia Grupo, VFG Inversiones y Actividades Especiales SA e Industria Agroalimentaria Latam SA".
Por otra parte, planteó que "Vicentin Family Group controla a las sociedades que hasta hace cinco años controlaba Vicentin Saic, que varios directores de la compañía han realizado movimientos tendientes a la extracción de bienes de sus patrimonios y consecuente insolvencia". Y agrega que "se llevaron a cabo actos concretos que evidencia una sistemática conducta delictual".
En el mes de junio, Fernández anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la intervención del grupo cerealero y anticipó que remitiría al Congreso nacional un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra. Un mes y medio después dio marcha atrás a la decisión y anuló el decreto.
