Parlamentarios argentinos del Mercosur pidieron a los países del bloque regional que declaren el "estado de emergencia hídrica y ambiental" en el cauce de los ríos Paraná, Iguazú, Uruguay y Paraguay, además de la Amazonia, ante el impacto ocasionado por las deforestaciones de las áreas naturales.
Los legisladores solicitaron a los Poderes Ejecutivos de los Estados Parte un pedido de informes sobre "la situación actual y previsiones futuras de las cuencas de los Río Paraná y Río Iguazú, Río Uruguay y Río Paraguay y el impacto ambiental a causa de las deforestaciones en la zona de la amazonia y otras áreas naturales".
Además, se le pide al Consejo del Mercado Común que "solicite" a Brasil el "cese inmediato de la deforestación en el Amazonas, que pone en peligro los ecosistemas, y junto a ellos la vida de millones de personas y especies".
El proyecto fue presentado por la presidenta de la delegación argentina del Parlasur, Cecilia Britto, junto a sus pares Julia Perié y Nelson Nicoletti.
"Necesitamos un abordaje regional e interinstitucional. El ambiente sano y sustentable como derecho humano fundamental, ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos interpela a construir nuevos conceptos de soberanía y entender que los derechos humanos son extraterritoriales y merecen un abordaje político acorde a los nuevos problemas que se presentan", expresó Britto a través de con comunicado.
La parlamentaria indicó que otro de los objetivos es presentar esta iniciativa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en busca de un fallo similar a una resolución de febrero de 2018 que "establece un precedente porque enumera la responsabilidad que tienen los Estados en la protección de ambientes saludables y otros derechos relacionados con el medio ambiente". La presentación fue impulsada ante "la situación alarmante que está viviendo la región por la bajante de sus cuencas hídricas y las desforestaciones y desequilibrios climáticos ambientales generados en el bioma amazonia".
Esta iniciativa también busca crear en el Mercosur el Instituto Internacional del Medio Ambiente, el Agua y el Desarrollo Humano, que trazará un "Plan estratégico ante la crisis hídrica y ambiental" para la región, "propiciando políticas públicas y la generación de medidas necesarias para el mejor aprovechamiento hídrico y la preservación del ambiente humano en condiciones de desarrollo de la vida en todas sus especies".
El Parlasur fue constituido en diciembre de 2006 como sustituto de la Comisión Parlamentaria Conjunta, y es el órgano representativo de los Estados Partes, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión y Venezuela en estado de suspensión.
Mientras tanto, el río Paraná registró el martes una altura de 45 centímetros frente a la capital de Entre Ríos, cinco menos que la bajante histórica de 50 centímetros de 1971, según se informó oficialmente. El agua alcanzó 1,07 metro en La Paz; y por debajo del metro en Victoria y Diamante, donde no miden su altura desde el 11 y 19 de abril pasado, respectivamente, ya que el sistema no lo permite.
En Paraná, donde el río comenzó a descender el 24 de febrero, cuando marcó 2,74 metros, se trata de la altura de menor caudal tras los 0 metros detectados en 1970. A raíz de la bajante, quedaron a la vista embarcaciones hundidas, anclas antiguas y los municipios debieron trabajar para mantener el servicio de agua potable en diferentes localidades.
También se mantiene sobre la superficie la manta protectora del túnel subfluvial que une Paraná con Santa Fe. Lo peor es que la tendencia, según el Instituto Nacional del Agua (INA) "sigue siendo desfavorable" y las "condiciones que determinan la bajante en curso persisten en las cuencas" del río. Según el INA, la falta de lluvias, y las condiciones climáticas de los últimos meses en las cuencas que aportan al caudal del río Paraná son las principales causas de la bajante.
Por otro lado, la población de peces del río Paraná depende de los ciclos hidrológicos y climáticos, por lo que el río bajo perjudica la reproducción y el crecimiento de ciertas especies.
El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, dijo que diariamente se realizan "operativos en distintos ambientes (acuáticos, bordes costeros, rutas y empresas)" relacionadas a la actividad pesquera. Sin embargo, ni Entre Ríos ni Santa Fe decretan la veda pesquera total, prohibiéndonos a los pescadores deportivos acercarnos al agua, pero habilitando a los comerciales que pescan para exportar, so pretexto de que el río encuentra el recurso "sustentable" y negando la vulnerabilidad a la que están sometidas las diversas especies.
Para colmo, los frigoríficos se aprovechan de los pescadores comerciales a los que les pagan menos "porque la pesca está fácil" según trascendió en un documento de la agrupación ambiental Ríos Sanos. "Nos pagan 20 pesos por pieza", se queja un mallonero, que antes cobraba el equivalente a 0,30 centavos de dólar por sábalo. "Tenemos que matar 500 o 500 sábalos por días para poder subsistir", dice otro en el mismos video.
Se calcula que entre Santa Fe y Entre Ríos hay unos 5000 pescadores artesanales que hoy solo pueden pescar por la sequía en el cauce principal del río Paraná, único refugio de los peces de la cuenca. Sostener esta pesquería va muy en contra del contexto de "emergencia hídrica y ambiental" antedicho.
Sin dudas, es hora de cambiar de mirada: pasar de ver en los peces un "recurso" a tener una mirada ecosistémica del Paraná y el resto de los ríos del Litoral. Y eso implica protegerlos cuando estos ecosistemas sufren.
Y si se piensa en exportar, que los peces provengan de la acuicultura -que permita una completa trazabilidad del producto-, y no solo de expoliar al río de un recurso de todos (incluyendo las provincias que sí han decretado veda) en beneficio de un pequeño grupo de empresas exportadoras de Santa Fe y Entre Ríos
