El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), realizó inspecciones integrales en molinos harineros de Entre Ríos y Santa Fe donde se detectaron diversas irregularidades en el manejo de los controladores electrónicos de molienda de trigo (CEMT).
En Entre Ríos, en un molino de la localidad de Villa Urquiza, el personal de fiscalización encontró la balanza del CEMT desconectada, sin ninguna documentación comercial de respaldo de la mercadería. Además, informaron que tenían diferencias de cubicaje con libros oficiales de 1.359%, deuda de regímenes de información, inconsistencias de estos regímenes con registro sistémico de movimientos de granos y bolsas de harina marca "Mariza" sin trámite del Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA).
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Por esta situación, y por las condiciones sanitarias de alta peligrosidad para producir alimentos de consumo humano, sumados a los antecedentes de suspensión previa que tiene la firma, se evaluarán las sanciones que correspondan al caso.
Asimismo, aseguran que en la localidad entrerriana de Aldea María se halló otro molino operando con el CEMT desconectado. En la localidad de Crespo, si bien no se pudo constatar el funcionamiento del CEMT porque el molino se hallaba detenido, se verificó mediante la central de monitoreo de la DNCCA un "fallo de conexión a internet" no denunciado por la firma, por lo que no se encontraba reportando los movimientos de molienda. También en Colonia Nueva se detectó un molino que, sin tener el equipo colocado, había notificado al Ministerio que se encontraba en pleno funcionamiento.
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En la provincia de Santa Fe, en la localidad de Irigoyen se constató que el CEMT del molino estaba con la caja negra abierta y con la guillotina interior del equipo fugando trigo a nivel de unos 30.000kg de harina mensuales.
Las faltas descriptas serán evaluadas y de acuerdo a la gravedad recibirán sanciones ejemplificadoras. En el caso de Villa Urquiza se elevará el expediente a la autoridad sanitaria provincial por el riesgo que implica para la ciudadanía la harina que comercializa.
