Con el periodo de sesiones ordinarias ya vigente, los senadores comenzaron con la actividad parlamentaria y aprobaciones: se dictaminó un nuevo proyecto de ley de warrants, impulsado por el oficialismo en la Comisión de Economía Nacional. También se constituyeron las comisiones de Ambiente y Economía Regional, que ratificaron autoridades y plantearon el ritmo de trabajo para este año.
En la primera reunión del año de la comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado, el oficialismo junto a dos opositores lograron aprobar la iniciativa de warrants (Expte 0030-S-19), que sólo tuvo giro a esa comisión y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.
El proyecto, impulsado por Alfredo de Angeli, Federico Pinedo y Esteban Bullrich deroga la ley actual de warrants de 1914 para ampliar los productos warranteables, extender la vigencia de los certificados del warrant y del certificado de depósito. A diferencia del proyecto anterior, impulsado en 2017, esta vez se elimina el régimen penal, pero mantiene las sanciones.
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Durante la reunión, Silvia Elías de Perez (UCR-Tucumán), titular de la comisión, aseguró que "es una ley que el sector está esperando, especialmente el de las economías regionales", además de señalar que "trae transparencia" y amplía el universo de bienes warranteables.
Por su parte, Esteban Bullrich (PRO-Buenos Aires), uno de los coautores de la iniciativa, precisó que también permite warrantear los bienes en proceso de producción; mientras que el autor, Alfredo de Angeli (PRO-Entre Ríos) consignó que en 2018 hubo "mil millones de warrants".
La representante del Frente para la Victoria, Ma. de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) se opuso al dictamen, al considerar que se había obviado el análisis de la comisión de Justicia, como fue durante el tratamiento del anterior proyecto y se quejó de los warrants "fueron utilizados durante los 90 para cometer delitos", además de señalar, que en el actual contexto económico, no beneficiaría a los pequeños y medianos productores.
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El proyecto propone la modificación de la ley vigente para incluir bienes o productos importados, especies vivas y/o en proceso de elaboración, como así también en tránsito y extender la vigencia de los certificados de warrant y del certificado de depósito de 6 a 12 meses, con posibilidad de prórroga. También define claramente el carácter del depósito en el cual las empresas autorizadas pueden realizar la operatoria y los requisitos mínimos de cobertura que deben contener las pólizas de seguros y establece inhabilidades e incompatibilidades.
También establece la posibilidad de negociación del warrant como título de crédito en el mercado financiero (Mercado de Valores), autoriza la venta de los bienes depositados por parte de la sociedad emisora e introduce el derecho del depositario de ejecutar la mercadería dada en depósito frente a la inacción del depositante y del acreedor al vencimiento del plazo acordado en el warrant.
El proyecto, recientemente ingresado, establece que los certificados de depósito y/o warrants podrán ser objeto de negociación en los Mercados autorizados y fijan un amplio régimen de sanciones, que incluyen apercibimiento, multa, pérdida de autorización para funcionar e intervención.
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Por último, y uno de los principales cambios respecto del proyecto anterior: se fija un amplio régimen de sanciones administrativas (apercibimiento, multa, pérdida de autorización para funcionar, intervención), y se determina el procedimiento administrativo para aplicar las sanciones (régimen sumarial), pero se eliminan las sanciones penales, previstas en el texto original, impulsado en el 2017, que perdió estado parlamentario.
La iniciativa con dictamen sería incluido en la sesión del miércoles 13 de marzo, donde la ley de financiamientos de campañas, será el tema principal. No se descarta que el proyecto ingrese dentro de un "paquete de leyes", es decir, una serie de proyectos que se votan, sin debate, previo acuerdo político, y así obtendría la media sanción.
Fuente: Barbechando
